Ley Sara Sofía entró en vigor y activó sistema nacional de alertas para la búsqueda de menores desaparecidos

A través de la denominada Alerta Colombia, las autoridades podrán enviar notificaciones masivas a teléfonos celulares en cuestión de minutos con información que permita facilitar la localización de menores reportados como desaparecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

Con la sanción de la Ley Estatutaria 2584 de 2026, conocida como Ley Sara Sofía, el país incorpora un nuevo instrumento para fortalecer las acciones de búsqueda de menores de edad. La norma, promovida por el senador Alejandro Chacón y revisada previamente por la Corte Constitucional, crea un sistema de difusión inmediata de información que involucra a autoridades, operadores de telecomunicaciones y ciudadanos en los primeros momentos posteriores a una desaparición.

La ley establece que no será necesario esperar horas o días para iniciar los protocolos de búsqueda. La activación de la alerta podrá realizarse de manera inmediata una vez padres, familiares, representantes legales, cuidadores o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informen sobre la desaparición ante las autoridades competentes mediante canales presenciales o digitales.

Tras recibir el reporte, la Policía Nacional y el ICBF estarán facultados para emitir una notificación masiva dirigida inicialmente a los teléfonos celulares ubicados en la zona donde se registró la desaparición. El mensaje incluirá una fotografía reciente del menor, descripción física, información sobre la ropa que vestía al momento de ser visto por última vez y datos de contacto para suministrar información a las autoridades o familiares.

De acuerdo con lo previsto en la norma, las alertas aparecerán directamente en las pantallas de los dispositivos móviles sin necesidad de que los ciudadanos descarguen aplicaciones o realicen registros previos. Los operadores de telefonía estarán obligados a distribuir estos mensajes de forma gratuita cuando las autoridades activen el protocolo correspondiente.

El senador Alejandro Chacón explicó que la notificación tendrá amplia visibilidad en los teléfonos celulares y que la intención es que el sistema pueda ser activado en pocos minutos después de reportada la desaparición. También indicó que la cobertura geográfica de la alerta se ampliará progresivamente conforme transcurra el tiempo, permitiendo que la información llegue a municipios y regiones cercanas en caso de que el menor haya sido trasladado fuera del lugar donde fue visto por última vez.

La legislación también contempla medidas adicionales para apoyar las labores de ubicación. Entre ellas se encuentra la articulación con Migración Colombia para prevenir la salida del país de menores reportados como desaparecidos. Asimismo, autoriza el uso de herramientas basadas en datos biométricos, incluyendo sistemas de reconocimiento facial mediante fotografías u otras características físicas que contribuyan a la identificación de los niños y adolescentes buscados.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá un plazo de hasta seis meses para desarrollar la reglamentación e implementación integral del sistema. Mientras avanza ese proceso, la ley fija las bases para la coordinación entre las entidades responsables y los operadores de redes móviles.

La norma lleva el nombre de Sara Sofía Galván, la niña de dos años desaparecida en Bogotá en enero de 2021. Su caso generó una amplia movilización ciudadana y una investigación judicial que concluyó con condenas contra su madre, Carolina Galván, y su padrastro, Nilson Díaz, por el delito de desaparición forzada agravada. El cuerpo de la menor nunca fue encontrado.

Durante el trámite legislativo de la iniciativa, el senador Chacón recordó que entre 2020 y 2021 se reportaron más de 27.000 desapariciones de menores en Colombia. Según las cifras expuestas durante el debate, cerca de 14.000 regresaron a sus hogares y más de 480 fueron encontrados sin vida. Con la entrada en vigencia de la Ley Sara Sofía, las autoridades contarán con una herramienta legal para ampliar el alcance de las búsquedas y facilitar la participación ciudadana en la localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

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