La senadora María Clara Posada cuestionó contratación de más de 5.000 personas a través de empresas temporales

La senadora María Clara Posada puso en conocimiento una modalidad de contratación que, según afirmó, habría sido utilizada durante el gobierno de Gustavo Petro para ampliar las plantas de personal de entidades públicas mediante empresas de servicios temporales. La congresista sostuvo que este mecanismo dificultaría conocer información detallada sobre las personas contratadas, los valores de sus vinculaciones y la duración de los contratos.

De acuerdo con la denuncia presentada por la senadora, las llamadas nóminas paralelas no se habrían limitado a los contratos de prestación de servicios suscritos directamente por las entidades estatales. Según explicó, también se habría recurrido a la intermediación de empresas de servicios temporales, que asumían la contratación formal de los trabajadores.

La parlamentaria señaló que esta modalidad genera una diferencia en el nivel de información disponible para la ciudadanía. Mientras los acuerdos celebrados entre las entidades públicas y las empresas temporales son contratos sujetos a publicidad, los documentos que posteriormente suscriben esas compañías con los trabajadores corresponden a relaciones contractuales de carácter privado.

Posada sostuvo que esta estructura impide, según su denuncia, establecer públicamente quiénes fueron contratados, cuánto recibieron y durante cuánto tiempo estuvieron vinculados a las entidades estatales.

La senadora presentó como ejemplos los recursos destinados a este tipo de contratación en algunas entidades. Según las cifras expuestas por ella, el sector de pensiones habría destinado 171.000 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Igualdad habría utilizado 130.000 millones de pesos mediante esta figura.

Con base en esos datos, la congresista afirmó que la modalidad permitió contratar a más de 5.000 personas, sin que, de acuerdo con su planteamiento, sea posible consultar en detalle las condiciones individuales de cada vinculación.

El cuestionamiento se centra, por tanto, en el nivel de trazabilidad de los recursos públicos y en la información que puede ser conocida sobre las personas incorporadas mediante intermediarios privados.

Ante esta situación, María Clara Posada anunció que impulsará un proyecto de ley orientado a establecer mayores mecanismos de transparencia para este tipo de contrataciones.

La propuesta buscaría que la tercerización de personal en entidades públicas no limite el acceso a información relacionada con el uso de recursos estatales. La senadora planteó que deben existir mecanismos que permitan conocer las condiciones bajo las cuales se realizan estas vinculaciones y facilitar el control sobre el gasto público.

La congresista también relacionó su denuncia con el cumplimiento de las restricciones aplicables durante los periodos electorales. En particular, cuestionó que mediante la intermediación de empresas temporales se pudiera incrementar la burocracia sin que la información sobre las vinculaciones individuales tuviera el mismo nivel de publicidad que los contratos estatales.

Posada insistió en que la contratación de personal a través de terceros no debe convertirse en un mecanismo que dificulte determinar cómo se ejecutan los recursos públicos.

La denuncia abre además una discusión sobre el alcance de la publicidad de la contratación estatal cuando intervienen empresas privadas como intermediarias. Mientras las entidades públicas deben reportar sus contratos, la información correspondiente a los vínculos laborales que las empresas temporales establecen con sus trabajadores tiene una naturaleza diferente.

Por ello, la senadora anunció que llevará la discusión al Congreso mediante una iniciativa legislativa con la que pretende establecer reglas de mayor transparencia y control sobre las nóminas tercerizadas.