La polémica declaración de la defensora del pueblo Iris Marín que equipara al Estado constitucional con grupos ilegales

La defensora del pueblo, Iris Marín, se encuentra en el centro de una controversia nacional tras unas declaraciones que han sido interpretadas por diversos actores políticos como una equiparación entre el Estado colombiano y los grupos armados ilegales. La funcionaria, cuya labor principal es la defensa de los derechos humanos, ha generado un amplio debate sobre el rol de su institución y los límites de la crítica al accionar estatal en el contexto del conflicto armado.

Las palabras de Marín, que rápidamente se difundieron y provocaron reacciones en distintos frentes, sugieren que el Estado y el Gobierno no deberían entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. En su argumentación, la defensora enfatizó que, precisamente por ser el Estado, su actuación debe estar sujeta a límites estrictos. Esta postura ha sido vista por algunos como una relativización de la responsabilidad de los grupos ilegales y una crítica desproporcionada a la fuerza pública.

El deber constitucional y los límites de la guerra

La defensora del pueblo recordó que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional ineludible del Estado. Sin embargo, subrayó que incluso en el contexto de la guerra existen límites éticos y legales, y que la dignidad humana no desaparece con la muerte. Esta afirmación busca poner de manifiesto la importancia de mantener los principios humanitarios, incluso en las situaciones más extremas de confrontación.

Marín también hizo un llamado a la reflexión sobre el uso de imágenes y símbolos del poder público. En su declaración, expresó que no se debería normalizar que los cuerpos de personas fallecidas formen parte de la escenografía de una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad. Esta observación apunta a la necesidad de preservar la solemnidad y el respeto en el manejo de situaciones sensibles, evitando la instrumentalización de la tragedia humana.

La funcionaria advirtió que Colombia tiene una dolorosa historia que demuestra lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo son utilizados para enviar mensajes de dominio. En este sentido, enfatizó que ese no puede ser el lenguaje que adopte el Estado. Para Marín, la verdadera fortaleza del Estado no reside en parecerse a aquellos a quienes combate, sino en conservar sus límites, incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad, argumentó, se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana.

Reacciones desde el gobierno: la respuesta del ministro rodrigo lara

Las declaraciones de Iris Marín no fueron bien recibidas en diversos sectores de la política nacional, abarcando distintas líneas ideológicas. Una de las respuestas más contundentes provino del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se dirigió directamente a la defensora del pueblo a través de un comunicado. Lara inició su mensaje reconociendo a la Defensoría del Pueblo como una aliada institucional que el Gobierno respeta y valora, destacando su mandato de cuidar a las víctimas y proteger los derechos, para lo cual cuenta con el compromiso total del Gobierno Nacional.

No obstante, el ministro expresó su lamento por lo que consideró una “triste equivocación”: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Lara fue enfático al señalar que esa equivalencia no corresponde, argumentando que el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra los ciudadanos en amplias zonas del país. El ministro manifestó el deseo del Gobierno de contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población, solicitando que la voz de la institución se alce con toda su fuerza.

Finalmente, Rodrigo Lara afirmó que Colombia está poniendo fin al cinismo de la “Paz Total”, una política que, según él, entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país.

El ministro concluyó reiterando que el Gobierno seguirá haciendo cumplir la ley y que desea contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de la misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen. La polémica generada por las palabras de la defensora Marín deja abierta la pregunta sobre si sus declaraciones fueron un error, una salida en falso o una manifestación de una postura parcializada.