"La orden salió desde el Congreso": Viuda de Miguel Uribe señala presuntos nexos políticos en el magnicidio

En una reciente declaración que ha sacudido el panorama político nacional, María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reveló nuevos y graves detalles sobre el atentado que acabó con la vida del líder político. Según Tarazona, existen evidencias que sugieren que la orden para ejecutar el crimen se habría gestado en el Congreso de la República, involucrando presuntos nexos entre grupos armados y sectores políticos.

Nuevas líneas de investigación y el rastro del dinero

Durante una entrevista concedida a medios nacionales, Tarazona sostuvo que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia han sido identificadas como los autores materiales del magnicidio, los determinadores intelectuales tendrían un trasfondo político de alto nivel. La viuda del precandidato afirmó que una fuente, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad, entregó información crucial días antes de que se perpetrara el ataque en junio de 2025.

De acuerdo con el testimonio, la advertencia no solo señalaba el riesgo inminente contra Miguel Uribe Turbay, sino también contra otros precandidatos del partido Centro Democrático. La información suministrada indica que los recursos financieros para organizar el atentado habrían provenido de Venezuela, mientras que la instrucción operativa habría emanado directamente desde el legislativo colombiano. “La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República. Esta información llegó a mi celular y fue entregada con todos los protocolos ante la Fiscalía General de la Nación”, precisó Tarazona.

Presunta vinculación del partido comunes

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la solicitud formal a la Fiscalía para que determine si existe responsabilidad por parte de congresistas del partido Comunes, integrado por exmiembros de las extintas FARC. Tarazona enfatizó en la necesidad de esclarecer si personas que ocupaban curules en el momento del crimen tuvieron alguna participación en la planeación del magnicidio.

“Lo que deben establecer es si miembros de las FARC en el Congreso tuvieron que ver con el asesinato de Miguel. Es una línea de investigación que la Fiscalía debe agotar para verificar la veracidad de la información recibida”, señaló. La familia y sus abogados buscan respuestas claras sobre el avance de estas pesquisas, las cuales, hasta el momento, no han arrojado resultados concluyentes sobre la veracidad de dichos fundamentos.

Tensiones con la fiscalía y el papel de la UNP

El proceso judicial no ha estado exento de fricciones. María Claudia Tarazona describió como “tensos” los últimos encuentros con la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El malestar radica principalmente en lo que la familia considera un avance insuficiente en las investigaciones contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y figura cercana al expresidente Gustavo Petro.

A pesar de estas dificultades con el ente acusador, Tarazona expresó su reconocimiento a la disposición mostrada por otros actores en la búsqueda de justicia. Mencionó positivamente la gestión del abogado Abelardo De La Espriella, así como el respaldo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del Gobierno Nacional en el esfuerzo por esclarecer los hechos que rodearon el atentado de junio de 2025, el cual produjo el deceso del precandidato tres meses después tras una penosa agonía.

El caso continúa abierto mientras la opinión pública espera que la Fiscalía General de la Nación determine si las pruebas aportadas son suficientes para vincular formalmente a los actores políticos señalados en esta nueva fase del proceso judicial.