Saltar al contenido

Juan espinal propuso destinar el 10% del Impuesto Nacional al Carbono para proteger los ríos declarados Sujetos de Derechos

El senador del Centro Democrático Juan Espinal radicó un proyecto de ley que busca destinar de manera específica el 10% del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono a la conservación, protección, mantenimiento y restauración de los ríos que cuentan con la declaratoria de Sujetos de Derechos en Colombia. La iniciativa pretende crear una fuente permanente de financiación para atender las obligaciones de protección ambiental y avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con estas fuentes hídricas.

IFMNOTICIAS-02
IFMNOTICIAS-02
3 min lectura
Escuchar artículo
Juan espinal propuso destinar el 10% del Impuesto Nacional al Carbono para proteger los ríos declarados Sujetos de Derechos

Una nueva iniciativa legislativa busca modificar la forma en que se destinan los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Carbono para fortalecer la protección de los principales ríos del país que han sido reconocidos jurídicamente como Sujetos de Derechos.

El proyecto fue radicado este viernes 28 de agosto de 2026 por el senador del Centro Democrático Juan Espinal, quien plantea que el 10% del recaudo de este impuesto sea destinado específicamente a financiar acciones de conservación, protección, mantenimiento y restauración de los ríos que tengan vigente dicha declaratoria.

La propuesta parte de una preocupación central: aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento jurídico de sus fuentes hídricas, persisten dificultades para garantizar los recursos económicos necesarios que permitan materializar las medidas de protección establecidas.

De acuerdo con el comunicado que acompaña la iniciativa, entre los ríos reconocidos como Sujetos de Derechos se encuentran el Atrato, Aburrá, Cauca, Magdalena y Ranchería. Sin embargo, el reconocimiento jurídico, según plantea el proyecto, no ha estado acompañado de una fuente permanente de financiación que permita desarrollar de manera efectiva los planes de protección y restauración.

El senador Juan Espinal cuestionó precisamente esta situación y sostuvo que el reconocimiento legal debe estar acompañado de acciones concretas y recursos suficientes.

“De nada sirve reconocer a nuestros ríos como Sujetos de Derechos si el Estado no garantiza los recursos necesarios para protegerlos”, afirmó Espinal.

El congresista agregó que la iniciativa busca aprovechar recursos que ya son recaudados por el Estado con destinación relacionada con los impactos ambientales. “Debemos pasar a la acción y este proyecto busca que una parte de los recursos que ya se recaudan para enfrentar los impactos ambientales se traduzca en conservación, restauración y protección efectiva de nuestros ríos”, señaló.

Uno de los elementos centrales del proyecto es que los recursos no se distribuirían de manera uniforme, sino bajo criterios de proporcionalidad frente a los ríos que tengan vigente la declaratoria de Sujetos de Derechos en cada anualidad.

Con este mecanismo, la iniciativa pretende establecer una asignación que responda a la cantidad de ríos que cuenten con dicha protección jurídica en cada periodo y permita orientar los recursos hacia las necesidades de conservación, mantenimiento y restauración de estas fuentes hídricas.

El proyecto también incorpora mecanismos de seguimiento y control sobre el uso de los recursos. Según la propuesta, el Ministerio de Ambiente deberá presentar anualmente información relacionada con el dinero recaudado y ejecutado, así como los proyectos financiados y sus respectivos avances.

El seguimiento incluiría tanto indicadores físicos como financieros. La información deberá contemplar el avance de los proyectos y los resultados alcanzados en materia de conservación, protección, mantenimiento y restauración.

La iniciativa pretende, de esta manera, cerrar lo que el senador considera uno de los principales vacíos en la protección de los ríos reconocidos como Sujetos de Derechos: la ausencia de una fuente permanente y específica de financiación.

El debate que se abre con este proyecto pone nuevamente sobre la mesa la relación entre las decisiones judiciales y legislativas de protección ambiental y la disponibilidad efectiva de recursos públicos para cumplirlas.

Compartir:

Noticias relacionadas