Juan Espinal propone nuevas reglas para agilizar y transparentar los procesos de Consulta Previa en Colombia

Con el respaldo de más de 20 congresistas de diferentes partidos políticos, el senador Juan Espinal radicó un proyecto de ley que pretende reglamentar los procesos de Consulta Previa en Colombia y establecer mayores garantías para las comunidades que participan en este mecanismo de concertación con el Estado y los ejecutores de proyectos.

La iniciativa parte de la necesidad de ordenar un procedimiento que, según sus promotores, actualmente presenta dificultades administrativas que generan incertidumbre tanto para las comunidades como para los proyectos que requieren adelantar este tipo de procesos. El propósito, de acuerdo con el senador, no es restringir el derecho a la participación, sino establecer condiciones que permitan que este se ejerza de manera efectiva, transparente y con mayor capacidad institucional.

Uno de los principales planteamientos del proyecto consiste en otorgarle al Estado un papel más activo como garante, facilitador y articulador de la Consulta Previa. La propuesta, sin embargo, establece que esa participación institucional debe desarrollarse sin sustituir la autonomía de las comunidades ni desconocer el carácter concertado que tiene este mecanismo.

Las cifras citadas en la iniciativa dan cuenta de la dimensión del desafío. Según información del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2026 se registraron 12.588 procesos de Consulta Previa. En el periodo comprendido entre 2022 y 2026 fueron registrados 3.311 procesos, de los cuales 692 llegaron a la etapa de protocolización, mientras 3.311 permanecen activos, de acuerdo con los datos presentados por los autores de la propuesta.

Para los impulsores del proyecto, estas cifras evidencian la necesidad de revisar la manera como el Estado administra y acompaña los procesos. En el documento también se hace referencia a pronunciamientos de la Corte Constitucional, que ha identificado un “desorden administrativo” en la gestión de los procedimientos consultivos, una situación que, según los congresistas, demuestra la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades responsables.

Entre las medidas planteadas se encuentra el fortalecimiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior como entidad rectora. La intención es consolidar una autoridad con mayores capacidades para coordinar los procedimientos y garantizar que las diferentes entidades involucradas actúen de manera articulada.

El proyecto contempla además la creación del Sistema de Información de Consulta Previa, denominado SICOP, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y organización de la información relacionada con estos procesos. Esta herramienta estaría orientada a incrementar la transparencia y facilitar el seguimiento de los procedimientos.

Otro de los puntos centrales es la definición de plazos para las actuaciones administrativas. Los autores de la iniciativa aclaran que estos términos no pretenden limitar los tiempos requeridos por las comunidades para desarrollar sus procesos de diálogo, deliberación y concertación. La propuesta busca establecer tiempos para las actuaciones que corresponden al Estado y a los ejecutores de los proyectos, con el fin de evitar dilaciones administrativas.

También se plantea la creación de una Mesa Técnica destinada a atender situaciones de bloqueo que puedan presentarse durante los procesos. En esta instancia participarían el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del respectivo sector y, cuando corresponda, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, además de un representante de las comunidades.

La iniciativa incorpora igualmente la figura de facilitadores independientes y contempla asesoría técnica para las comunidades. Este componente busca brindar mayores herramientas a los participantes para comprender los aspectos técnicos de los proyectos y facilitar el desarrollo de procesos de diálogo con información suficiente.

El senador Juan Espinal defendió la propuesta señalando que el objetivo central debe ser garantizar el derecho de las comunidades y, al mismo tiempo, mejorar las capacidades institucionales para que los procedimientos funcionen adecuadamente.

“El desafío no está en reducir el derecho de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlo efectivamente, evitar intermediarios y generar transparencia en proceso”, sostuvo el congresista.

La propuesta pretende avanzar hacia un modelo de Consulta Previa con mayor capacidad institucional, información pública disponible, reglas administrativas definidas, mecanismos de financiación transparentes y herramientas de seguimiento. Todo esto, según los promotores, bajo el principio de preservar la participación efectiva de las comunidades y el respeto por sus derechos.

El proyecto inicia ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá ser discutido y sometido a las diferentes etapas legislativas. Su debate podría abrir una nueva discusión sobre el equilibrio entre la protección de los derechos colectivos, la capacidad del Estado para garantizar la participación y los tiempos que requieren los proyectos sometidos a Consulta Previa.