Juan Espinal cuestionó política minera del Gobierno y pidió combatir la extracción ilegal en el Bajo Cauca

Durante su recorrido por el Bajo Cauca, Espinal cuestionó lo que considera un fortalecimiento de las estructuras ilegales durante el actual Gobierno y relacionó esta situación con la explotación de los recursos naturales. En su pronunciamiento, el senador hizo una crítica directa al presidente Gustavo Petro y aseguró que existe una deuda en materia de protección ambiental y control de la minería ilegal.

“Miren la herencia de Petro, el falso ambientalista, que fortaleció a los bandidos para que acabaran con el medio ambiente y se llevaran de plata explotando los recursos naturales”, afirmó el congresista.

Más allá de la crítica política, Espinal centró su intervención en la necesidad de diferenciar entre quienes ejercen la minería de manera formal y quienes utilizan esta actividad como fachada para desarrollar actividades relacionadas con estructuras criminales.

Según el senador, uno de los principales desafíos para las autoridades consiste en fortalecer los mecanismos de identificación de las personas y organizaciones que participan en la actividad minera, con el propósito de evitar que grupos ilegales se presenten como pequeños mineros o como integrantes de comunidades dedicadas tradicionalmente a esta actividad.

“Pero para hacerlo bien necesitamos identificación y censo: no podemos permitir que bandidos se camuflen detrás de la minería tradicional para seguir financiando la ilegalidad y la violencia”, señaló.

El pronunciamiento se produjo desde una de las zonas de Antioquia donde la minería representa una actividad económica de especial relevancia y donde también persisten desafíos relacionados con la presencia de grupos armados, la explotación ilícita de yacimientos y la seguridad de las comunidades.

En ese contexto, el senador planteó la necesidad de que el Estado avance en una estrategia que combine la lucha contra la extracción ilegal con mecanismos de acompañamiento para quienes buscan desarrollar su actividad dentro del marco establecido por la ley.

Espinal señaló que en el Bajo Cauca existe un sector de pequeños y medianos mineros que pretende avanzar hacia la formalización y que requiere acompañamiento institucional para desarrollar su actividad de manera legal. Para el congresista, este proceso debe realizarse de manera responsable y con reglas claras.

“Estoy en el Bajo Cauca, una región donde debemos acompañar de manera responsable la formalización minera de pequeños y medianos mineros que quieren trabajar dentro de la legalidad”, afirmó.

El senador también se refirió a las empresas que desarrollan actividades mineras en el territorio y que, según su planteamiento, cumplen con las normas y buscan operar de manera responsable. En estos casos, consideró que el Estado debe garantizar condiciones que permitan el desarrollo de sus operaciones.

“Y acompañar a las empresas del territorio que están haciendo minería de manera responsable que lo único que necesitan es seguridad jurídica y física”, manifestó.

Para Espinal, la discusión sobre la minería en el Bajo Cauca no puede reducirse únicamente al debate entre explotación y protección ambiental. Su planteamiento apunta a establecer una diferenciación clara entre la actividad minera que busca formalizarse y aquella que estaría relacionada con estructuras dedicadas a la extracción ilícita y al financiamiento de la violencia.

En ese sentido, pidió una mayor articulación entre las autoridades encargadas de combatir las actividades ilegales, particularmente entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación. El senador sostuvo que la respuesta institucional debe concentrarse en las organizaciones que utilizan la explotación ilegal de recursos naturales como fuente de financiación.

“El gran reto del Gobierno es combatir con decisión la extracción ilegal de minerales en articulación con la Fiscalía General”, expresó.

Al cerrar su pronunciamiento, Espinal resumió su posición frente al tema en una fórmula que busca diferenciar las actividades que considera legítimas de aquellas vinculadas con estructuras criminales: “Formalización sí. Minería legal sí. Ilegalidad y criminalidad, no”.