Gobierno de Abelardo de la Espriella establece nuevas directrices de comunicación para sus ministros

Un nuevo rumbo para la comunicación gubernamental: directrices presidenciales en Colombia

El Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, ha implementado un esquema renovado para la gestión de la información pública. Esta nueva directiva modifica sustancialmente la manera en que los ministros y altos funcionarios se dirigen a la ciudadanía y a los medios de comunicación, buscando centralizar y unificar el mensaje oficial del Estado.

A través de una directiva firmada por el propio presidente, la Casa de Nariño ha establecido que las cuentas personales en redes sociales de los integrantes del gabinete ministerial y otros altos cargos ya no podrán ser utilizadas como canales para realizar anuncios oficiales. Esta medida busca garantizar que la información gubernamental provenga exclusivamente de fuentes institucionales.

Asimismo, se ha determinado que cualquier entrevista, declaración o aparición ante medios de comunicación por parte de estos funcionarios deberá contar con la coordinación e investigación previa de la Presidencia de la República. Esta disposición abarca a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes y representantes legales de todas las entidades del orden nacional, subrayando la amplitud de su aplicación.

El objetivo primordial de esta normativa es asegurar que la población y los medios de comunicación reciban datos precisos y verificados. Para ello, el Ejecutivo ha dispuesto que las decisiones, cifras y actuaciones del Estado sean transmitidas de manera exclusiva por las plataformas institucionales, evitando la difusión a través de perfiles privados de quienes ocupan cargos públicos.

El documento emitido por la Presidencia de la República enfatiza que este ajuste en la estrategia informativa tiene como propósito fundamental ofrecer a los ciudadanos una única vía de consulta para la información oficial. “Las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”, se lee en el texto, delimitando claramente el uso de las redes particulares de los servidores públicos.

Para sustentar esta decisión, el Gobierno ha invocado la Ley 2345 de 2023, la cual establece que los perfiles utilizados para la vocería institucional pertenecen a las entidades estatales y, bajo ninguna circunstancia, a las personas que ejercen los cargos. Dicha regulación también prohíbe destinar presupuesto público para promocionar o administrar contenidos en cuentas personales de empleados o contratistas, reforzando la separación entre lo público y lo privado en la comunicación gubernamental.

Centralización de la información oficial en canales institucionales

El segundo pilar de esta directiva redefine el relacionamiento del Gobierno con la prensa y los canales habituales de comunicación. A partir de la fecha de su publicación, cualquier miembro del Ejecutivo que desee conceder una entrevista o emitir un pronunciamiento público deberá gestionar la respectiva solicitud previa ante la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Esta dependencia ha asumido la tarea de evaluar y autorizar dichas participaciones en los distintos espacios periodísticos.

En lo que respecta al rol del periodismo, la normativa señala la intención de facilitar el trabajo comunicativo mediante el establecimiento de reglas claras para la validación de datos. “Los ministros, directores de departamentos administrativos y demás representantes legales podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa”, expone la directiva, delineando el protocolo a seguir.

Esta coordinación previa adquiere un carácter de estricto cumplimiento, especialmente ante contingencias de alto impacto nacional, emergencias, catástrofes ambientales o alteraciones del orden público. En tales contextos, la estrategia de divulgación se centralizará en la Secretaría de Prensa del Palacio Presidencial. La intención manifiesta es prevenir la entrega de cifras contradictorias o la difusión anticipada de medidas que puedan generar incertidumbre entre los ciudadanos, garantizando una respuesta unificada y coherente del Estado.

Las directrices fijan una lista de principios que guiarán la comunicación gubernamental, entre los que destacan la transparencia, la veracidad, la claridad, la oportunidad, la coordinación y el respeto por la libertad de prensa. Se espera que las entidades del Estado fortalezcan sus dependencias de atención a periodistas y actualicen sus plataformas institucionales para responder a las solicitudes de información pública en los tiempos que ordena la legislación vigente.

Esta nueva directiva deroga expresamente las instrucciones previas emitidas en la Directiva Presidencial 03 de abril de 2026. Con esta nueva orientación, la Casa de Nariño busca consolidar un modelo unificado para que la oferta institucional de la administración De la Espriella se entregue con una sola voz institucional y desde canales de carácter netamente público, reforzando la cohesión y la credibilidad del mensaje gubernamental.