Depuración en la administración pública: El nuevo gobierno declara insubsistencias y remueve funcionarios

La figura de la insubsistencia y sus implicaciones

La declaración de insubsistencia es una figura jurídica que permite al Estado dar por terminado de forma unilateral el vínculo laboral de determinados empleados públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. En la práctica, esta decisión implica la pérdida inmediata del puesto y la obligación de abandonar el cargo. Esta herramienta ha sido aplicada en los últimos días a varios perfiles que, según fuentes internas, se resistían a presentar su renuncia voluntaria, marcando un claro mensaje de renovación en la administración pública.

Salida de Milver Rojas del Fondo Nacional de estupefacientes

Entre los nombres que han generado mayor eco se encuentra el de Milver Rojas, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). Rojas, quien había sido designado en el cargo como parte del equipo del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue apartado oficialmente el jueves 27 de agosto. Su salida se produce en medio de un cúmulo de críticas y denuncias que pesaban sobre su gestión al frente de la entidad.

Durante su administración, Rojas fue señalado por la no ejecución de 5.800 millones de pesos destinados al FNE para el año 2024, una situación que contrasta con el déficit de 3.000 millones de pesos para la adquisición de medicamentos. Adicionalmente, diversas fuentes internas denunciaron a un diario nacional que el exdirector presuntamente retenía pagos y asignaciones a contratistas que no mantenían una cercanía con su círculo. El paso de Rojas por el fondo también estuvo empañado por acusaciones sobre la supuesta presentación de cifras erróneas al Colegio de Químicos Farmacéuticos, en relación con el desabastecimiento de medicamentos en el país.

Wilmar Mejía y las sospechas en la uiaf

Otro de los funcionarios declarados insubsistentes es Wilmar Mejía, quien se desempeñó como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y tuvo participación en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Mejía se encuentra bajo investigación por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc, específicamente con el grupo de alias Calarcá. Documentos y testimonios revelados por varios medios de comunicación sugieren que la denuncia principal se centra en la posible infiltración de la Dirección Nacional de Inteligencia por parte del grupo armado mientras Mejía estaba al mando.

Conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos, según las investigaciones, apuntan a que el exdirector habría sostenido reuniones con miembros de las disidencias y les habría filtrado información confidencial. Por estos hechos, la Procuraduría lo suspendió por un periodo de tres meses. Tras su reincorporación, fue finalmente declarado insubsistente por el actual gobierno, en un movimiento que busca restablecer la confianza en las instituciones de inteligencia y seguridad del Estado.

Salidas en el Ministerio de la Igualdad y el dapre

El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad también ha acelerado varias desvinculaciones. Su liquidador, John Milton Rodríguez, ordenó la salida de cuatro viceministros. De ellos, Tamara Ospina (Viceministra de Mujeres) y Pablo Zabala (Viceministro de Juventudes) se negaron a renunciar y fueron declarados insubsistentes. Ospina, quien había retomado su cargo en septiembre de 2025, enfrentaba denuncias previas por acoso laboral, persecución política y violencia de género, lo que añade una capa de complejidad a su salida.

El recambio de personal también alcanzó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde fue removida Letty Leal. Leal estaba a cargo del Fondo de Programas Especiales para la Paz y había asumido la dirección interina tras la salida de Angie Rodríguez, quien fue protagonista de denuncias contra la administración anterior en el tramo final de su gobierno.

La renuncia de Amelia Pérez en la sae

En el caso de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la renuncia de Amelia Pérez se produjo el 19 de agosto, poco después de la llegada del nuevo presidente. Aunque su salida no se dio por declaración de insubsistencia, estuvo rodeada de controversias significativas. Durante su gestión, se reportó la desaparición de 35.129 registros de animales incautados, un hecho que generó preocupación. Además, la exdirectora enfrentaba denuncias por presunto acoso laboral dentro de la entidad, lo que marcó un ambiente tenso en el periodo previo a su dimisión.