Dapre bajo la lupa: Carlos Ríos denunció que encontró excesos en contratación y anunció auditoría a lo encontrado tras gobierno Petro

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, ha puesto en el centro del debate público la gestión de la entidad, al denunciar un alarmante aumento del 595 % en los contratos por prestación de servicios (OPS) durante la administración anterior. En una reciente comparecencia, Ríos anunció una auditoría exhaustiva y la implementación de un riguroso plan de austeridad, buscando reorientar el gasto y la misión del Dapre.

La revelación tuvo lugar durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde diversos funcionarios gubernamentales han presentado sus proyecciones presupuestarias para el año 2027. Contrario a la preocupación general por posibles recortes, el director Ríos manifestó que la entidad no solo no teme una reducción presupuestal, sino que, por el contrario, se ha propuesto desmantelar lo que describió como “uno de los mayores contrataderos del Estado”.

Alerta por aumento de contratos

Carlos Ríos detalló que el incremento en los contratos por prestación de servicios (OPS) dentro del Dapre alcanzó un preocupante 595 % en los últimos cuatro años, coincidiendo con la administración del presidente Gustavo Petro. Esta cifra ha encendido las alarmas en la entidad, llevando a una vigilancia exhaustiva sobre todos los acuerdos contractuales. El director hizo hincapié en que una parte considerable de estos contratos se habría formalizado mediante adjudicación directa, lo que justifica la revisión minuciosa en curso.

Como respuesta a esta situación, Ríos anunció la puesta en marcha de una auditoría detallada que examinará cada uno de los contratos individualmente. El objetivo es identificar cualquier posible irregularidad, ineficiencia o uso indebido de los recursos públicos. El funcionario subrayó que se han detectado “excesos” no solo en la contratación de personal, sino también en la organización de eventos. Esta última actividad, según los datos presentados, experimentó un incremento del 113 % en el periodo cercano a las elecciones de 2026, un dato que ha generado particular preocupación.

Austeridad y reestructuración estatal

Ante el panorama de gastos excesivos, Carlos Ríos ha tomado medidas drásticas, solicitando la suspensión inmediata de toda contratación relacionada con eventos. Argumenta que esta actividad no se alinea con la misión principal del Departamento Administrativo de la Presidencia. El director enfatizó el compromiso de su gestión con la austeridad, proyectando una significativa reducción presupuestaria. “Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de 4,1 billones de pesos que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a 924.000 millones de pesos”, afirmó, evidenciando una clara intención de optimizar el gasto público.

Más allá de la austeridad, Ríos destacó que el Gobierno Nacional está comprometido con una reestructuración profunda del Estado. Explicó que el enfoque no debe limitarse a la entrega de ayudas a los ciudadanos, sino que debe priorizar la promoción y ejecución de proyectos de infraestructura, seguridad y conectividad. Estos sectores son considerados clave para impulsar el desarrollo integral del país y garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Reducción de personal y “plan destrabe”

Como parte integral de las medidas de ajuste y eficiencia, el director del Dapre informó sobre una significativa reducción en la contratación de personal de la entidad, que asciende a casi un 65 %. Esta decisión se fundamenta en la convicción de que, al liberar recursos de esta área, se puede fortalecer la capacidad administrativa y de ejecución del Gobierno en aquellas áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.

Finalmente, Carlos Ríos presentó el “plan destrabe”, una iniciativa estratégica diseñada para identificar y eliminar obstáculos burocráticos. Este plan tiene como propósito revisar en cada una de las entidades estatales aquellas resoluciones, directivas y decretos que actualmente generan inconvenientes tanto a la ciudadanía como a los empresarios. El objetivo es desarticular las barreras que impiden el desarrollo de proyectos y la fluidez de los trámites administrativos, buscando una gestión pública más eficiente y menos engorrosa.