Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales ¿Qué hay entrelíneas del proyecto?

El reciente proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gustavo Petro para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales ha despertado serias preocupaciones.

A pesar de estar planteado como una herramienta para proteger la seguridad digital y gestionar el desarrollo espacial del país, su contenido deja en el aire aspectos clave que podrían abrir la puerta a abusos y, en el peor de los casos, al control del uso del internet y la censura de contenidos.

Ambigüedad en la definición de seguridad digital

Un posible cuestionamiento para este proyecto de ley es saber si se trata de temas de ciberseguridad o control de contenidos.

El proyecto es preocupantemente ambiguo en cuanto a qué implica la «seguridad digital». Mientras que en algunos artículos del proyecto parece hacer referencia a la protección contra ciberataques y amenazas digitales, el texto no deja claro si esto también incluye el control sobre el contenido que circula en internet, en especial el que genera la oposición. Esta falta de precisión deja espacio para interpretaciones peligrosas.

Por ejemplo, el documento establece que la Agencia tiene la capacidad de ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio si considera que se está poniendo en peligro la soberanía nacional o la economía.

Aunque esto se presenta como una medida para proteger el país de ataques cibernéticos, la amplitud de esta disposición genera preocupaciones. En manos de un gobierno, esta facultad podría usarse no solo para detener ciberataques, sino para bloquear sitios web, redes sociales o medios de comunicación que cuestionen o critiquen al gobierno.

Un freno al sector privado

En el ámbito espacial, el proyecto también contiene puntos para leer con lupa. La Agencia se perfila como la única autoridad para otorgar permisos en la gestión del espacio y el uso de la órbita geoestacionaria.

Es decir que esto podría generar un obstáculo para iniciativas privadas de gran envergadura, como Starlink, el proyecto de Elon Musk que pretende ofrecer internet satelital en zonas remotas del mundo, incluidas áreas rurales de Colombia.

Si el acceso al espacio queda totalmente centralizado en manos de esta Agencia, la libertad de empresas privadas para operar en el país podría verse restringida.

El documento sugiere que el Gobierno podría bloquear la entrada de proyectos extranjeros, lo que podría frenar la innovación y la inversión internacional en un sector vital para el desarrollo del país.

La dirección de la Agencia

Uno de los aspectos más preocupantes es la composición del Consejo Directivo de la Agencia. El proyecto establece que este Consejo estará integrado por representantes clave del Gobierno, como el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Ministro de las TIC, entre otros.

Este tipo de estructura deja la Agencia vulnerable a una politización excesiva, donde las decisiones podrían estar dictadas más por intereses políticos que por las necesidades reales de la seguridad digital y el desarrollo espacial.

Además, el Consejo Directivo podrá formar comités ad hoc que incluirán a representantes del sector privado, pero sin derecho a voto. Esto sugiere que, aunque las voces del sector privado podrán ser escuchadas, el control final siempre recaerá en las decisiones del Gobierno, consolidando el poder en manos de unos pocos.

El derecho a la rectificación

Otra disposición alarmante se encuentra en la parte de la exposición de motivos del proyecto, donde se menciona el derecho de los ciudadanos a rectificar la información que se divulgue sobre ellos, con el fin de proteger su buen nombre y honra.

Si bien este derecho está consagrado en la Constitución, en el contexto de esta ley se plantea la posibilidad de que sea utilizado como un mecanismo de control para silenciar contenidos incómodos o críticos al Gobierno.

Bajo esta lógica, el Gobierno podría presionar a medios de comunicación y plataformas digitales a rectificar información que, aunque verídica, incomode a figuras públicas del gobierno.

Este es un terreno peligroso que podría desembocar en la autocensura y en la restricción de la libertad de prensa.

Finalmente, aunque el proyecto de ley no menciona explícitamente la censura, deja numerosos vacíos que podrían permitir un control gubernamental sobre internet y el espacio, poniendo en peligro las libertades digitales.

La falta de claridad en la definición de seguridad digital y las amplias facultades otorgadas a la Agencia pueden convertirse en herramientas de censura y represión, si no se implementan con garantías de transparencia y respeto por los derechos fundamentales.

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