Corte Constitucional rechazó solicitud del Ministerio de Salud sobre el recálculo de la UPC
La pretensión del Ministerio de Salud era anular la orden entregada por la Corte Constitucional que exige recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El Ministerio de Salud buscaba anular una orden emitida por la Corte Constitucional que exige recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), uno de los pilares financieros del sistema de salud colombiano. Sin embargo, el alto tribunal rechazó la solicitud por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley.
La UPC representa el valor anual que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para cubrir los servicios incluidos en el Plan de Beneficios. Este monto varía según factores como edad, sexo, región y otros determinantes, y es esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La petición del Ministerio fue inadmitida por no ajustarse a los términos de procedimiento. En su fallo, la Corte explicó que “no es posible aplicar de forma análoga lo dispuesto en el Código General del Proceso (CGP), ya que las reglas formales del incidente de nulidad deben observarse de manera estricta, conforme al artículo 49 del Decreto 2067 de 1991”.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeLa decisión cobra mayor relevancia en un contexto en el que el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha manifestado públicamente su intención de debilitar el modelo actual de Entidades Promotoras de Salud (EPS) para abrir paso a la reforma estructural del sistema. Según declaraciones previas del Ministro, la reforma busca desmontar el actual esquema de aseguramiento para establecer un nuevo modelo centrado en la gestión pública.
La Corte señaló que el método utilizado por el Ministerio para calcular la UPC estaba desactualizado, no reflejaba adecuadamente el aumento en la siniestralidad y generaba un desequilibrio entre ingresos y costos. En consecuencia, ordenó al Ministerio realizar un nuevo cálculo basado en criterios técnicos actualizados, transparentes y orientados a garantizar una distribución equitativa de los recursos.
Con esta decisión, el Ministerio de Salud deberá acatar el mandato constitucional y ajustar la fórmula de la UPC, garantizando que el sistema cuente con los recursos necesarios para atender a la población de forma adecuada y sostenible.
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