Corte Constitucional definirá esta tarde del martes nuevo magistrado entre dos juristas y el abogado de Petro

A las 2:00 de la tarde de este martes, inició en el Senado de la República la votación para elegir al reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. La terna, enviada por el presidente Gustavo Petro, está compuesta por las juristas Karena Caselles, Dídima Rico y el abogado penalista Héctor Carvajal.

Este último, quien ha sido defensor del mandatario en procesos ante el Consejo Nacional Electoral es uno de los más sonados para ocupar el cargo, dada su cercanía con sectores clave del Congreso y su relación con el jefe de Estado. No obstante, la confirmación de su favoritismo se ha visto afectada por recientes tensiones políticas entre el Gobierno Nacional y actores regionales, como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Hasta hace pocos días, el respaldo del Partido de la U parecía inclinar la balanza a favor de Carvajal. Sin embargo, fuentes legislativas señalan que esta colectividad estaría reconsiderando su voto. A pesar de ello, el abogado mantiene apoyo en sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador y cuenta con la simpatía del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

La eventual elección de Carvajal modificaría la correlación interna en la Corte Constitucional, reemplazando a una magistrada asociada con posiciones conservadoras por un perfil vinculado directamente al actual Gobierno. De concretarse, sería el segundo nombramiento afín a la Casa de Nariño, después del magistrado Vladímir Fernández.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado reparos frente a su postulación, argumentando la necesidad de preservar la independencia judicial en medio de debates clave, como el análisis de la reforma pensional, que actualmente estudia la Corte.

El proceso también ha estado marcado por la expectativa de que la vacante fuera ocupada por una mujer, como parte de una política de equidad de género. En ese contexto, las candidatas Karena Caselles y Dídima Rico han insistido en sus credenciales jurídicas y en su trayectoria en el ámbito judicial.

Caselles, abogada de la Universidad Santo Tomás, es especialista en derecho constitucional y administrativo, y magíster en derecho laboral del Externado. Ha sido reconocida por organismos como la Corte Suprema de Justicia y Usaid. Recientemente, se pronunció frente a los cuestionamientos por la designación de su esposo, Luciano Sanín, en el Ministerio de Minas, asegurando que no tiene vínculos políticos ni presencia en redes sociales.

Dídima Rico, por su parte, es abogada de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en derecho penal y doctora en derechos fundamentales. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha trabajado como investigadora en Colciencias.

La votación en el Senado tendrá lugar mientras se avecina el inicio del estudio de la reforma pensional en la Sala Plena de la Corte, en un contexto de múltiples tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. El magistrado o magistrada que resulte elegido participará en decisiones que tendrán impacto directo sobre el curso institucional del país.

La designación será por un periodo de ocho años.

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