Contratos por $7.255 millones en RTVC quedan bajo revisión por uso de recursos públicos en pauta digital
La actual administración del Sistema de Medios Públicos anunció una revisión de la contratación realizada durante 2026 y puso en conocimiento de los organismos de control contratos suscritos con el Ministerio de Educación y el DAPRE, cuyos recursos fueron destinados parcialmente a servicios de pauta, planes y contenidos digitales durante meses relacionados con la campaña presidencial.
Contratación bajo la lupa
La contratación del Sistema de Medios Públicos, identificado en el documento como Inravisión, entró en una nueva etapa de revisión tras la identificación de contratos por varios miles de millones de pesos destinados a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital”. La información fue divulgada por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de la entidad, Ángela Mora, quienes anunciaron que el proceso continuará con una revisión detallada de los contratos y de su ejecución.
Uno de los casos corresponde a un convenio suscrito con el Ministerio de Educación por un valor total de $10.000 millones. De esa suma, según la información entregada, $6.362.619.652 fueron destinados al pago de servicios de pauta y contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026. Los contratistas relacionados son 3D Mobile 3DM SAS, que recibió $1.364.619.653, y Prowess SAS, con $4.997.999.999.
El segundo caso corresponde al Convenio Interadministrativo No. 390-2026, firmado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, por $1.500 millones. Del valor total, $892.845.137 fueron destinados, de acuerdo con el reporte, a servicios de “plan digital” durante marzo, junio, julio y agosto.
Recursos públicos y organismos de control
La revisión adquiere especial relevancia porque varios de los desembolsos señalados coincidieron con meses del calendario electoral de 2026. La primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda vuelta tuvo lugar el 21 de junio. No obstante, la información suministrada no establece por sí misma que los recursos hubieran sido utilizados para favorecer una candidatura determinada.
Los responsables de la revisión plantearon que corresponde a los organismos de control establecer si la destinación de estos recursos se ajustó a los objetivos establecidos en los respectivos contratos y convenios. Por esta razón, desde el Sistema de Medios Públicos se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.
El planteamiento oficial es que la revisión debe abarcar los contratos, convenios, procesos de ejecución, beneficiarios, criterios de selección y destino final de los recursos. El propósito señalado es determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades conforme a la ley.
Más de mil contratos en revisión
Los nuevos hallazgos se suman a una revisión más amplia sobre la contratación de la entidad. Según la información divulgada, durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a $100.000 millones. También se indicó que entre el 6 y el 7 de agosto fueron firmados 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
La administración actual sostiene que estos datos justifican un examen integral de la gestión contractual y presupuestal del Sistema de Medios Públicos. La revisión busca determinar cómo fueron priorizados los gastos y si las decisiones adoptadas respondieron a las necesidades previstas en los respectivos convenios.
Entre los interrogantes planteados se encuentra el criterio utilizado para destinar recursos provenientes de sectores como educación y programas de la Vicepresidencia a servicios de pauta y contenido digital. También se busca establecer cuáles fueron los resultados concretos de esas inversiones y quiénes fueron sus beneficiarios.
La administración ha insistido en que el proceso no debe entenderse como una persecución política, sino como un ejercicio de control sobre el uso del patrimonio público. En ese sentido, la determinación de posibles irregularidades corresponderá a las autoridades competentes, una vez culminen las verificaciones contractuales, presupuestales y fiscales.
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