Contratos con empresas de servicios temporales superaron $1 billón entre 2023 y 2026, según denuncia de la senadora María Clara Posada

Según la denuncia presentada por la congresista, durante ese lapso se destinaron alrededor de $1 billón a este mecanismo de contratación en diferentes entidades y fondos estatales.

La información expuesta por la senadora está acompañada de un consolidado que relaciona los recursos contratados por varias entidades con empresas de servicios temporales. De acuerdo con las cifras de la gráfica, el monto acumulado asciende aproximadamente a $1,000,279 millones, es decir, poco más de $1 billón.

Entre los valores reportados aparece Colpensiones, con contratos por $301.225 millones, como la entidad con el mayor monto registrado. Le siguen el Fondo Colombia en Paz, con $182.413 millones; el Ministerio de Igualdad, a través del Fondo para la Superación de la Pobreza, con $127.148 millones; y el Banco Agrario, con $109.050 millones.

También figuran el Fondo Nacional del Ahorro, con $146.205 millones; FiduPrevisora, con $94.778 millones; Previsora, con $19.028 millones; Fiduagraria, con $13.354 millones; el Fondo Nacional de Garantías, con $5.414 millones, y Fiducoldex, con $1.660 millones.

La discusión planteada por Posada se concentra en el nivel de información disponible sobre las personas vinculadas mediante esta modalidad. La congresista sostiene que la contratación a través de empresas de servicios temporales dificulta conocer públicamente quiénes son los trabajadores asignados, cuáles son sus remuneraciones, qué funciones cumplen y durante cuánto tiempo permanecen vinculados.

En ese sentido, la senadora calificó estos esquemas como parte de una “nómina paralela” y señaló que existe la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar con mayor claridad la destinación de los recursos públicos utilizados en estas contrataciones.

El planteamiento también abre un debate sobre las condiciones de transparencia que deben acompañar la vinculación de personal mediante terceros. La información presentada no se refiere a una sola entidad, sino a un conjunto de organismos y fondos que aparecen relacionados en el consolidado correspondiente al periodo 2023-2026.

Posada anunció que radicará un proyecto de ley con el propósito de modificar las condiciones de transparencia asociadas a este tipo de contratación. La iniciativa, según explicó, buscará que exista mayor información pública sobre las personas contratadas, los recursos destinados, las funciones asignadas y los periodos de vinculación.

El anuncio se produce en medio de las discusiones sobre el manejo de los recursos públicos y los mecanismos utilizados por las entidades estatales para incorporar personal a sus operaciones. La propuesta legislativa pretende establecer herramientas para que este tipo de contrataciones puedan ser consultadas y sometidas a mayores controles.

La denuncia de la congresista se fundamenta en las cifras del consolidado presentado, que reúne contratos por aproximadamente $1 billón entre 2023 y 2026. Ahora, el proyecto anunciado deberá ser presentado formalmente ante el Congreso de la República para iniciar su trámite y determinar el alcance de las medidas de transparencia que propone.

La iniciativa busca, de acuerdo con lo señalado por Posada, que la información sobre estas vinculaciones deje de permanecer dispersa y pueda ser conocida de manera más detallada por las entidades de control, el Congreso y la ciudadanía.