(ESPECIAL) Contrato del escudo antidrones queda bajo la lupa. Piden al Gobierno electo revisar millonaria contratación del Ministerio de Defensa y despejar dudas sobre transparencia

Una necesidad de seguridad que llega al final del Gobierno

El uso de drones por parte de grupos armados ilegales dejó de ser una amenaza potencial para convertirse en una realidad en Colombia. Durante los últimos cuatro años, estructuras criminales, especialmente las disidencias de las Farc encabezadas por alias “Iván Mordisco”, han incorporado aeronaves no tripuladas para realizar ataques contra unidades militares, estaciones de Policía e incluso contra la población civil.

La evolución de esta amenaza, ampliada en su uso a otros grupos armados ilegales, llevó al Ministerio de Defensa a estructurar el denominado Escudo Antidrón Colombiano, una arquitectura tecnológica destinada a detectar, identificar, interferir y neutralizar aeronaves no tripuladas que representen un riesgo para instalaciones estratégicas y objetivos de alto valor.

Sin embargo, el momento elegido para avanzar en la contratación ha despertado cuestionamientos políticos y técnicos. Diversos sectores consideran que, pese a tratarse de una necesidad ampliamente reconocida desde el inicio del actual gobierno, la decisión de acelerar el proceso se produce cuando la administración de Gustavo Petro está próxima a concluir su mandato.

Uscátegui solicita revisar el contrato antes de su adjudicación

Uno de los principales pronunciamientos provino del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien pidió al gobierno electo revisar integralmente el proceso antes de asumir un compromiso económico de gran magnitud.

Según explicó el congresista, la primera etapa del proyecto contempla una inversión cercana a los 800.000 millones de pesos, mientras que el desarrollo completo del programa podría alcanzar aproximadamente 6,3 billones de pesos en fases posteriores.

Para Uscátegui, la preocupación no radica en la necesidad del sistema, sino en las condiciones bajo las cuales se adelanta la contratación.

“No estamos cuestionando la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Colombia necesita con urgencia un sistema eficaz para enfrentar la creciente amenaza de los drones. Lo que estamos pidiendo es que el nuevo Gobierno no firme a ciegas un proceso estructurado por la administración saliente sin verificar que cumple con los más altos estándares de transparencia, competencia y conveniencia para el país”, manifestó el congresista.

El legislador recordó además que el cronograma oficial divulgado por el Ministerio de Defensa el pasado 19 de marzo establecía que el proceso debía concluir el 7 de mayo. No obstante, transcurridos más de dos meses desde esa fecha, la contratación aún no ha sido adjudicada y no se conocen explicaciones oficiales sobre las razones del retraso.

Un antecedente que revive el debate político

La controversia también ha generado comparaciones con lo ocurrido durante el proceso de transición presidencial de 2022.

En ese momento, el entonces presidente electo Gustavo Petro solicitó al gobierno de Iván Duque abstenerse de avanzar en la compra de una nueva flota de aviones de combate, argumentando que una decisión de esa magnitud debía ser evaluada por la administración entrante.

Ahora, algunos sectores consideran que el debate adquiere características similares, al tratarse de un contrato estratégico que compromete importantes recursos públicos y cuya ejecución se extendería durante varios años.

Aunque los contextos son diferentes, la discusión vuelve a poner sobre la mesa el alcance de las decisiones que puede adoptar un gobierno durante la etapa final de su mandato.

Dudas sobre la transparencia del proceso

Además de las inquietudes relacionadas con los tiempos de la contratación, congresistas de oposición han planteado interrogantes acerca de algunos aspectos del desarrollo del proceso.

Entre las preguntas formuladas públicamente aparecen referencias sobre posibles intereses de distintos actores institucionales y la necesidad de aclarar la participación de funcionarios que han intervenido en las decisiones relacionadas con la estructuración técnica del proyecto.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha informado sobre irregularidades dentro del proceso y continúa avanzando en la implementación del sistema conforme al cronograma administrativo vigente.

No obstante, desde el Congreso se insiste en que la magnitud de la inversión exige el máximo nivel de transparencia y publicidad en cada una de las etapas de contratación.

Dentro de las preguntas que se hacen desde la oposición frente a la premura que tiene este gobierno saliente para firmar el contrato, está el papel que vienen cumpliendo dentro de este contrato familiares de la primera dama Verónica Alcocer, los intereses que puede tener el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Es por eso que se pide transparencia y que desde Defensa se abstengan de firmar el contrato hasta que no llegue el gobierno de Abelardo de La Espriella y lo revisen de cara a las nuevas estrategias de seguridad.

Algunas voces han señalado la inconveniencia de la firma del contrato, entre otras cosas, porque la cercanía del presidente Abelardo de la Espriella con Estados Unidos y el próximo restablecimiento de las relaciones con Israel podrían cambiar, pues estos sistemas podrían ser parte de acuerdos de cooperación y Colombia se podría ahorrar estos importantes recursos de la compra para destinarlos en el presupuesto nacional en otras necesidades.

Así sería la arquitectura del Escudo Antidrón colombiano

Mientras continúa el debate político y contractual, el Ministerio de Defensa definió el pasado 25 de junio la que podría ser la arquitectura tecnológica que conformará la primera fase del Escudo Antidrón.

Según el portal especializado Infodefensa, la solución seleccionada combinará diferentes tecnologías especializadas en sistemas C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems), diseñadas para enfrentar amenazas provenientes de aeronaves no tripuladas.

Entre los componentes elegidos figura el sistema Dedrone Tactical Tracker AI C2, encargado de la detección, identificación, clasificación, seguimiento y coordinación del mando y control de las operaciones.

La arquitectura también incorporará sistemas láser desarrollados por la empresa india Bharat Electronics Limited (BEL), destinados a la neutralización física de drones mediante capacidades de energía dirigida.

A ello se suman los inhibidores portátiles SkyWiper, fabricados por la compañía lituana NT Service, que permitirán interferir las comunicaciones de los drones en operaciones tácticas y proteger instalaciones críticas.

Evaluaciones técnicas y pruebas internacionales

Durante el proceso de selección se llevaron a cabo pruebas técnicas tanto en Colombia como en el exterior para evaluar el desempeño de las diferentes soluciones ofrecidas por fabricantes internacionales.

Fuentes conocedoras del proceso señalaron que inicialmente se buscó integrar el sistema de mando y control de Dedrone con otra plataforma tecnológica. Sin embargo, esa interoperabilidad no pudo concretarse debido a restricciones derivadas de protocolos y autorizaciones establecidos por autoridades estadounidenses.

Las evaluaciones también evidenciaron dificultades técnicas en algunos de los equipos analizados. Según las fuentes consultadas, uno de los sistemas presentó falsas detecciones durante las pruebas realizadas en Colombia, llegando incluso a identificar aves como aeronaves no tripuladas, situación que fue consignada por el comité técnico encargado de la evaluación.

Igualmente, otro de los sistemas evaluados no logró completar todas las pruebas previstas debido a limitaciones regulatorias durante los ensayos efectuados en Estados Unidos, donde no fue posible validar completamente su desempeño frente a blancos que operaban a alturas cercanas a los 1.000 metros.

Por esto es que se solicita que la revisión del contrato incluya una revisión de los resultados de las pruebas y de una opción que lleve a reconfigurar una arquitectura más confiable, algo que no se haría en el tiempo que le queda a este gobierno, por lo que además no se entiende la premura en contratar el sistema que involucra tecnología mixta de varios países, algo que también genera dudas sobre la compatibilidad.

Cambios durante la etapa final de evaluación

De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, al finalizar las pruebas desarrolladas en Colombia, únicamente permanecían habilitadas para la fase final las propuestas presentadas por Dedrone y por un proveedor de origen polaco.

No obstante, posteriormente se decidió incorporar a la evaluación definitiva la solución presentada por Bharat Electronics Limited (BEL) de la India.

La inclusión se produjo tras una reunión de alto nivel en el Ministerio de Defensa, en la que se consideraron las demostraciones técnicas realizadas previamente durante una visita oficial a la India, donde funcionarios colombianos observaron pruebas controladas de las capacidades del sistema.

Con la decisión adoptada, la arquitectura definitiva integrará tecnologías de detección, mando y control, guerra electrónica, inhibición táctica y neutralización mediante energía dirigida.

Las solicitudes de aplazamiento se basan en la posibilidad de analizar tecnologías de Israel, ampliamente conocidas por el llamado Escudo de Hierro, que protege a ese país de ataques con misiles y drones de uso militar, con comprobado éxito en guerras reales.

Un proyecto estratégico para la defensa nacional

Más allá del debate político y contractual, existe consenso entre expertos en seguridad sobre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente a la rápida evolución de las amenazas aéreas de baja altura.

Los drones comerciales modificados han sido incorporados por organizaciones criminales y grupos armados para realizar labores de inteligencia, transporte de explosivos y ataques contra instalaciones militares.

La implementación del Escudo Antidrón busca responder a ese nuevo escenario operacional mediante un sistema multicapa que permita proteger infraestructura estratégica, bases militares, instalaciones gubernamentales y otros objetivos considerados críticos para la seguridad nacional.

Mientras avanza el proceso contractual, el debate continuará centrado en la necesidad de garantizar que una inversión de esta magnitud combine eficacia tecnológica, transparencia administrativa y sostenibilidad para las futuras administraciones.