Caso Aguas Vivas: nueva postergación de audiencia contra Daniel Quintero desató críticas de Andrés Tobón

La audiencia del proceso judicial relacionado con el caso Aguas Vivas, prevista para este 14 de septiembre, fue aplazada nuevamente. La diligencia, en la que avanzaría el proceso contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y otros 12 imputados, fue reprogramada para el próximo 15 de octubre.

La decisión generó una reacción inmediata del concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, quien manifestó públicamente su inconformidad y cuestionó las razones que llevaron a un nuevo aplazamiento de la audiencia.

De acuerdo con la información entregada por Tobón, la suspensión de la diligencia estaría relacionada con una situación médica que habría impedido la asistencia del abogado de Carlos Mario Montoya, quien durante la administración de Daniel Quintero se desempeñó como secretario de Gestión y Control Territorial y aparece vinculado al proceso.

El concejal calificó la situación como llamativa y planteó que los aplazamientos recurrentes podrían formar parte de una estrategia orientada a prolongar el trámite judicial. En su pronunciamiento, Tobón expresó duras críticas contra los involucrados y señaló que, a su juicio, se estaría recurriendo a diferentes mecanismos para retrasar el avance del proceso.

“Volvieron a aplazar la audiencia en contra de Daniel Quintero y la banda que se robó Medellín por el caso de Aguas Vivas”, manifestó el concejal, utilizando una expresión con la que responsabiliza políticamente a los investigados por los hechos que son materia del proceso.

Tobón sostuvo que esta vez la razón expuesta para la suspensión fue médica y cuestionó que nuevamente no pudiera desarrollarse la diligencia judicial. “¡Tan raro! Definitivamente esto demuestra que siguen aplicando en todos los escenarios y niveles estrategias para dilatar, dilatar y dilatar”, afirmó.

Las declaraciones del concejal se producen en medio de un proceso que ha generado amplio interés político y judicial en Medellín, particularmente por las actuaciones que son objeto de investigación y por la participación de funcionarios que hicieron parte de la administración municipal anterior.

Sin embargo, las afirmaciones de Tobón corresponden a su posición frente al proceso y a los aplazamientos registrados. La existencia de una investigación o una imputación no equivale por sí misma a una condena, por lo que corresponde a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los procesados dentro del debido proceso.

El nuevo aplazamiento significa que las partes deberán esperar hasta octubre para la continuación de la diligencia. Mientras tanto, el debate político alrededor del caso continúa, especialmente entre quienes consideran que las actuaciones judiciales deberían avanzar con mayor celeridad.

En su mensaje, Tobón también hizo referencia al eventual desenlace del proceso y aseguró que, aunque los procedimientos judiciales puedan tomar tiempo, eventualmente se conocerán sus resultados. “La justicia puede que se demore, puede que se acoja, pero llega”, afirmó.

Finalmente, el concejal lanzó una advertencia política a quienes están vinculados al proceso, señalando que deberán responder ante las autoridades si se determinan responsabilidades. “Y el que mucho teme, pues evidentemente mucho debe y a esta gente les llegará su momento”, concluyó.