Cambio Radical pidió investigar a secretarios del Senado por permitir votar a senadora sancionada

El Partido Cambio Radical, por medio de su director nacional Germán Córdoba Ordóñez, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra del secretario general del Senado, Diego Alejandro González, y del secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, Jorge Eliécer Laverde, por presunto incumplimiento de deberes funcionales y omisión administrativa.

La colectividad señaló que ambos funcionarios habrían desatendido la sanción impuesta por el Comité Central de Cambio Radical a la senadora Ana María Castañeda, consistente en la pérdida de voz y voto por 11 meses. La medida fue notificada oficialmente a la Mesa Directiva del Senado el pasado 25 de julio y debía surtir efectos inmediatos.

Sin embargo, el partido asegura que la congresista ha continuado participando y votando en diferentes sesiones de la Comisión Sexta y en la plenaria del Senado, lo que consideran un incumplimiento de la sanción partidista. Esta situación estaría respaldada por las grabaciones y transmisiones oficiales de las sesiones del Congreso.

“El respeto al ordenamiento jurídico, a los principios de legalidad y a la autonomía de los partidos políticos exige la aplicación inmediata e incondicional de las sanciones disciplinarias en firme. Permitir la participación de la Congresista sancionada constituye un grave desconocimiento del marco normativo y compromete la validez de las decisiones legislativas”, advirtió el partido en la queja presentada ante la Procuraduría.

La solicitud elevada busca la apertura inmediata de una investigación disciplinaria para determinar la responsabilidad de los servidores públicos señalados, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 29 y 123 de la Constitución Política y la Ley 1952 de 2019, que establece el Código General Disciplinario.

Cambio Radical reiteró que este presunto desacato vulnera la autonomía de los partidos y afecta las disposiciones constitucionales que garantizan la disciplina interna de las bancadas.

El caso tiene origen en la sanción impuesta a la senadora Ana María Castañeda en julio de 2025, luego de que el Consejo de Control Ético del partido determinara que su ausencia en la votación de las consultas populares impulsadas por el Gobierno nacional había incidido en los resultados y contravenido las directrices de la colectividad.

La sanción, fundamentada en el artículo 55 del Reglamento Disciplinario Interno, contemplaba la pérdida temporal de voz y voto durante once meses. Aunque dos magistradas del Consejo Nacional Electoral suspendieron provisionalmente la medida, la plenaria del CNE posteriormente revocó esa decisión y ratificó la sanción.

En septiembre, Cambio Radical presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra la senadora Castañeda por presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude procesal. En respuesta, la congresista ha sostenido que las acusaciones son infundadas y ha acusado al partido de incurrir en persecución política.