(ANÁLISIS IFMNOTICIAS.COM) Golpe de Estado a las Fuerzas Armadas de Colombia

Son 52 generales de las Fuerzas Armadas los que fueron llamados por el gobierno de Gustavo Petro a calificar servicios. A todos los rotularon de «corruptos» o «violadores de derechos humanos», cuando el gobierno trató de justificar este golpe de Estado contra las Fuerzas Armadas.

Años de experiencia, capacitación y ascendente sobre las unidades, fueron lanzados a la basura por el gobierno Petro. Generales que trabajaron activamente en el mejoramiento de las relaciones cívico-militares o cívico-policiales, fueron decapitados en esta medida inédita en la historia reciente del país. Mientras que la Policía Nacional perdió 24 generales, al Ejército le quitaron 16. Entre tanto, a la Fuerza Aérea y a la Armada Nacional las despojaron de seis generales y seis almirantes, respectivamente.

Según las propias palabras de Petro, «las decisiones tienen grados de injusticia, no son perfectas». No se sabe muy bien si la intención de esa afirmación tiene que ver con la injusticia de descabezar a generales que no lo merecían o si el asunto se relaciona con la infamia de etiquetar a todos los «descabezados» como corruptos, crimen que un gobierno no puede cometer con oficiales que han servido al país por más de 30 años.

La situación en la Policía es alarmante. Con el propósito de subir, de manera forzada, a la nueva subdirectora de la institución, la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez, pasaron a retiro a 12 experimentados generales, más antiguos que Navarro, y dieron paso a brigadieres generales con menos de un año de experiencia como oficiales de insignia.

Así las cosas, y de un plumazo, la Policía Nacional solo quedó con un mayor general, Henry Sanabria Cely –cuya llegada implicó la salida de diez generales–. Por tal razón, en el proceso fueron decapitados todos los generales de tres estrellas, salvo el nuevo director general que llegó al grado de Mayor General (tres estrellas) y que no tiene en su palmarés un bagaje institucional que lo respalde ante las unidades policiales de todo el país.

Esto implica que la nueva cúpula de la Policía carece de la experiencia necesaria para asumir los destinos institucionales, lo que la hace vulnerable a los vaivenes y caprichos del nuevo gobierno. Esta razón no es de poca monta, pues se buscaría que los nuevos mandos institucionales no sean un impedimento para el traslado de la Policía al Ministerio de Seguridad con el que alucina Gustavo Petro y tampoco serán obstáculo para la politización de la fuerza.

Sin embargo, Petro ha dicho, como pretexto, que quiere una renovación de todo el mando, para garantizar, según él, un mayor cumplimiento de los derechos humanos, tesis peregrina si se tiene en cuenta que la inexperiencia y la disminución en el reconocimiento de los policiales, genera justamente el efecto contrario, pues las unidades que están en la calle, combatiendo al crimen o garantizando la seguridad ciudadana, no sentirán el respaldo ni el apoyo institucional y verán que su cúpula es una colección de marrullas politiqueras en las que no importa lo que pase con los policías en las calles. Así, la falta de respaldo y las suspicacias ocasionarán un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, pues será la ley del más fuerte la que prime en las calles y áreas rurales de Colombia, todo por cuenta de la desconexión entre la cúpula y las unidades policiales.

Las verdaderas razones para este golpe de Estado a las Fuerzas Armadas se relacionan con dos temas cruciales: el sesgo político e ideológico y el propósito de marchitar la lucha contra el narcotráfico. En cuanto al primero, Petro sacó del camino a los generales que no tenían afinidad política con su proyecto, cortando de raíz cualquier oposición de la cúpula a las decisiones que se vienen para el país.

En cuanto a la guerra contra las drogas, Petro siempre se ha mostrado favorable a la legalización y a desincentivar el combate contra el narcotráfico, el mismo que, según los testimonios del «Pollo Carvajal», financió la campaña de Petro. Tales posturas lo habrían llevado a debilitar la estrategia de lucha contra las drogas, decapitando a todos los generales reconocidos como expertos en inteligencia y operatividad en el combate contra el narcotráfico.

En este sentido, los anuncios del nuevo gobierno de cambiar los objetivos de los servicios de inteligencia del Estado, incluido el de la Policía Nacional, demuestran que el asunto es distraer a la inteligencia con el tema de la corrupción, quitando los obstáculos desde la cúpula, para dejar atrás el combate a las estructuras terroristas que viven del narcotráfico.

De hecho, los planes de Petro de negociar sin condiciones con el ELN, y del «perdón social» para el Clan del Golfo, requieren de una seria disminución en las labores de inteligencia, para no molestar a los convidados al festín «pacifista» de Petro, quienes, por inconformidad, podrían reactivar sus acciones sangrientas contra las Fuerzas Armadas y contra la población. Por este motivo, el freno de mano a la inteligencia del Estado repercutirá de inmediato en las operaciones contra esas estructuras criminales.

Lo anterior es visto con recelo en el exterior. Varios generales que fueron llamados a calificar servicios cuentan con un amplio reconocimiento y, sobre todo, con el respeto de diferentes gobiernos y agencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Así, la salida de estos oficiales ha encendido las alarmas en cuanto al rumbo que tomará el combate al tráfico de droga en el gobierno Petro, pues la lectura indica que en Colombia ha comenzado un debilitamiento de la política contra el narcotráfico.

Se conocía de la inquina de los comunistas contra las Fuerzas Armadas. Se dijo, en diferentes escenarios, que el narcotráfico y la profunda ideologización del nuevo gobierno, desencadenarían una serie de medidas torpes y contundentes contra las FF AA. De hecho, era predecible el ataque aleve contra la fuerza pública rompiendo la institucionalidad y realizando una cacería de brujas contra todos los militares y policías que no comulgaran con los propósitos del Pacto Histórico.

Lo que ha hecho Gustavo Petro contra las Fuerzas Armadas es, ni más ni menos, un golpe de Estado contra una estructura que ha despreciado históricamente y que necesita cooptar para su proyecto político totalitario. Ciertamente le son incómodos –odiosos, literalmente– pero indispensables en el propósito de convertirse en un dictador al estilo Chávez o Fidel.