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Álvaro Uribe planteó eliminar el régimen público de pensiones y fortalecer la capitalización individual

El expresidente Álvaro Uribe propuso modificar de fondo el sistema pensional colombiano y convertir la capitalización individual en el único régimen para los nuevos afiliados. El exmandatario cuestionó la reforma pensional vigente, advirtió sobre sus efectos en el ahorro de los trabajadores y planteó alternativas para atender el déficit del sistema público y garantizar una pensión mínima.

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Álvaro Uribe planteó eliminar el régimen público de pensiones y fortalecer la capitalización individual

Un nuevo debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano abrió el expresidente Álvaro Uribe, quien presentó una propuesta encaminada a modificar sustancialmente el modelo establecido por la reforma pensional. El exmandatario planteó que la capitalización individual, administrada por los fondos de pensiones, se convierta en el único sistema para los nuevos afiliados y que el régimen público avance hacia un proceso de cierre gradual.

La propuesta fue divulgada por Uribe bajo el planteamiento de “discutir soluciones pensionales” y parte de una fuerte crítica a la legislación actualmente vigente. Según el expresidente, la reforma aprobada genera riesgos para el ahorro individual y limita las posibilidades de los trabajadores jóvenes de construir un capital destinado a su retiro.

“La nueva ley de pensiones marchita el ahorro, condena a los fondos de pensiones a desaparecer, anula las posibilidades de los jóvenes de construir mediante ahorro una buena pensión y entrega el 80% de los nuevos ingresos al sistema público, con todos los riesgos de corrupción y politiquería”, afirmó.

Uribe también puso sobre la mesa el papel que ha tenido el ahorro pensional acumulado durante las últimas décadas. En su análisis, el sistema derivado de la Ley 100 permitió construir un importante patrimonio perteneciente a los trabajadores y contribuyó al funcionamiento de la economía colombiana.

“El sistema de la ley 100 construyó un ahorro de 500 billones de propiedad de los trabajadores, y de gran apoyo al manejo macroeconómico del país”, sostuvo el exmandatario.

Su planteamiento parte de reconocer que la Ley 100 estableció dos componentes principales: el régimen de prima media, de carácter público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, basado en la capitalización de los aportes de cada trabajador. Para Uribe, el camino debería ser modificar esa estructura y avanzar hacia un esquema centrado en el ahorro individual.

“Una solución podría ser dejar como único sistema el de capitalización individual, manejado por los fondos. Se mantendría la garantía de pensión mínima”, señaló.

La propuesta contempla, sin embargo, que el régimen público no desaparezca de manera inmediata. Uribe plantea que el sistema de prima media continúe únicamente para quienes actualmente están afiliados, pero que no se permitan nuevas afiliaciones ni traslados hacia ese régimen.

“El sistema de prima media se le marchitaría, seguiría solamente para sus actuales afiliados, esto es, sin nuevas afiliaciones ni traslados”, explicó.

De acuerdo con su propuesta, el régimen público seguiría recibiendo las cotizaciones de sus afiliados actuales y requeriría mecanismos adicionales de financiación para enfrentar las obligaciones acumuladas. Entre las alternativas mencionadas está la posibilidad de establecer créditos especiales provenientes de los fondos de pensiones durante un periodo prolongado.

Uribe también planteó modificaciones para quienes no logren completar los requisitos necesarios para acceder a una pensión. En este punto, propuso mantener un esquema similar al de los Beneficios Económicos Periódicos, conocidos como BEPS, para el llamado pilar semicontributivo.

“El Pilar semi contributivo para quienes no alcancen a completar la pensión, seguiría en la forma del modelo BEPs -beneficios económicos permanentes- con la posibilidad de tener una renta vitalicia o la devolución del dinero, posibilidad que la nueva ley eliminó”, indicó.

Otro componente de su propuesta está dirigido a la población adulta mayor que no cuenta con recursos suficientes para garantizar su sostenimiento. En este caso, Uribe considera que la financiación debe provenir directamente del presupuesto nacional y estar respaldada por una política de austeridad y crecimiento económico.

“El programa del Adulto Mayor deberá estar a cargo del presupuesto nacional, saneado con crecimiento de la economía y ahorro de gasto público: cero corrupción, estado austero y pequeño, pero toda la confianza de inversión privada”, concluyó.

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