Alejandro de Bedout demandó resolución que suspendió órdenes de captura contra 23 cabecillas y pidió medida cautelar

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación, que suspendió órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales.

De acuerdo con el documento, la acción busca que se declare la nulidad del acto administrativo al considerar que “desborda los límites de competencia, incurre en vicios de motivación y contraviene preceptos fundamentales”. En el mismo escrito se advierte que la decisión afecta la seguridad y los derechos de las víctimas de estructuras criminales en Antioquia y el país.

El demandante también solicitó una medida cautelar para frenar los efectos de la resolución mientras se resuelve el proceso. En el texto radicado ante el alto tribunal se pide la “suspensión provisional de los efectos jurídicos del Artículo Primero de la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026”, con el argumento de evitar que se consoliden situaciones que, a su juicio, afectarían el orden público y la legalidad.

Según lo expuesto en la solicitud, las medidas cautelares en este tipo de procesos son un instrumento para “salvaguardar la supremacía de la Constitución y la integridad del Estado de derecho”, mientras se toma una decisión de fondo.

El presidente del Concejo agregó con base en lo anterior: “¡LO DIJIMOS Y LO HICIMOS! Acabo de radicar ante el Consejo de Estado la DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE contra la Resolución 0072 de la Fiscalía, que otorga suspensión temporal de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales detenidos en la cárcel de Itagüí”.

En su pronunciamiento, también señaló: “Solicitamos medida cautelar de suspensión provisional para que esa resolución no siga produciendo efectos y vuelvan todos a la cárcel mientras el Consejo de Estado decide”.

El concejal cuestionó el alcance de la decisión y su posible impacto en el orden público:

El Pacto de la Picota 2.0 no va a pasar nuevamente. Beneficios a criminales a cambio de votos a Gustavo Petro e Iván Cepeda. No en Medellín. No en Antioquia.

Finalmente, advirtió sobre la situación de seguridad en los territorios:

Estos mismos cabecillas son los que siguen extorsionando, desplazando y matando a nuestra gente.

El caso queda ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir sobre la admisión de la demanda y la procedencia de la medida cautelar solicitada, en medio del debate por los alcances de la política de “Paz Total” y sus efectos en materia de seguridad.