Petro no se ha retractado de sus declaraciones contra Paloma Valencia y estaría evadiendo orden judicial

El presidente Gustavo Petro aún no cumple la orden del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, que le exigió rectificarse por las afirmaciones que hizo en contra de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien vinculó sin fundamento con los denominados “falsos positivos”.

El fallo, emitido el pasado 27 de octubre, le daba al mandatario un plazo de cinco días para retractarse, pero hasta la fecha no ha realizado ningún pronunciamiento público.

De acuerdo con la sentencia, Petro debía rectificar sus declaraciones en los mismos canales donde las difundió, en particular en su cuenta de X, donde el 25 de septiembre escribió que Valencia era “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, en alusión a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional durante la primera década de los años 2000.

La congresista interpuso una acción de tutela alegando que sus derechos al buen nombre y a la honra fueron vulnerados, pues no ha sido investigada ni procesada por esos hechos.

Pese a la orden judicial, el presidente no ha publicado la retractación ni ha ofrecido disculpas. IFMNOTICIAS consultó a la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que confirmó que no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el tema. La falta de cumplimiento podría constituir un desacato, sancionado con multas o incluso con arresto, según lo establece la ley.

El incumplimiento de esta orden se suma a otros casos en los que la justicia ha exigido al jefe de Estado corregir o retirar declaraciones emitidas contra políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos. Solo en el último año, distintos tribunales, incluida la Corte Constitucional, han fallado en su contra por expresiones consideradas injuriosas o discriminatorias.

Entre los antecedentes más recientes, el alto tribunal concluyó que Petro vulneró los derechos de varias periodistas al calificarlas como “muñecas de la mafia”, expresión que fue considerada una forma de violencia simbólica y discriminación. Otro juez le ordenó rectificarse tras afirmar que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez tenía vínculos con “socios narcotraficantes y paramilitares”.

En todos los casos, las sentencias coinciden en que la libertad de expresión no ampara afirmaciones infundadas que afecten la honra de terceros, especialmente cuando provienen de una figura que ostenta la jefatura del Estado.

El desacato a este tipo de fallos puede acarrear sanciones de hasta 20 salarios mínimos y prisión de hasta seis meses. Aunque el presidente no ha sido sancionado formalmente, su negativa a cumplir las órdenes judiciales reabre el debate sobre los límites de sus declaraciones públicas y el respeto a las decisiones de los jueces.