«Petro habría cometido un delito electoral que lo inhabilita para ser presidente»

 Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón
 
En el auditorio del Centro Comercial El Tesoro en la ciudad de Medellín se realizó el foro: El Juicio Político a Petro, ¡Si, es posible!; convocado por las organizaciones civiles: Centro Cultural Cruzada, Alianza Reconstrucción Colombia, Tradición y Acción, Forum, Oposición Ciudadana, La Linterna Azul y Conanco UCV, en donde panelistas nacionales e internacionales realizaron sus intervenciones expresando una serie de ideas que van enfocadas a defenestrar al mandatario de los colombianos mediante procesos contenidos en la constitución colombiana. El primer expositor fue el abogado José Manuel Abuchaide cuya intervención se resume a continuación:
 
En Colombia también es posible realizar un juicio político como el presentado en Perú y en el Ecuador. La constitución de 1991 permite enjuiciar, no solo al presidente, sino también a los Magistrados de las Altas Cortes, Fiscal General, Procurador y Contralor de la República; tan es así, que en el país se han tenido varios procesos de este tipo. Cabe recordar el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien fue llevado a juicio por el Senado de la República que lo declaró culpable por actos de corrupción y cuya condena fue la destitución de su cargo y una pena privativa de la libertad por seis años y medio.
 
También se llevó a juicio a Ernesto Samper cuando era presidente de Colombia en el muy recordado Proceso 8000, en donde dinero del narcotráfico ingresaron a su campaña en 1994. El hoy expresidente pudo terminar su periodo debido a que la votación le fue favorable en la Cámara de Representante, dejando así un precedente de que a los presidentes si se les puede llevar a juicio y en caso de perderlo, pueden ser retirados de su cargo.
 
«El presidente Gustavo Petro cometió una falta grave por el cual será acusado en el Congreso y fue su claro abuso en los gastos de campaña, los cuales excedieron por mucho los topes permitidos por la Ley». De ser admitida la demanda, se comenzará un juicio político al presidente Petro que pone en entredicho su permanencia en el poder.
 
La senadora Paloma Valencia habló de un modelo de pagos que se realizaba a los colaboradores de la campaña de Gustavo Petro por medio de la empresa llamada Supergiros, incluso el exsenador del Pacto Histórico Roy Barreras habló de los aportes realizados por esa misma empresa a la campaña.
 
El portal La Silla Vacía, realizó una investigación sobre la cantidad desmesurada de testigos electorales con los que contaba el Pacto Histórico el día de las elecciones para la primera vuelta presidencial, dijo que eran 71.000 personas, cosa nunca antes vista ni de lejos y que la mayoría recibió unos “viáticos” por medio de la empresa Supergiros. La situación fue peor en la segunda vuelta, ya que la cantidad subió a 83.000 personas, pero, a diferencia de la primera vuelta, esos testigos se comenzaron a quejar porque no recibieron su pago por la labor y es así como comienza a verse el entramado de sobrecostos que no aparecen dentro de los registros contables de la campaña.
 
También se han encontrado otra serie de gastos que no fueron reportados, como lo son los gastos de las sedes de Montería y de Cali. Tampoco aparecen los pagos al asesor español encargado de la organización de los testigos electorales quien dice que cobró en dólares por sus servicios, pero en las cuentas no figuran.
 
El articulo 109 de la constitución política y la Ley 996 del 2005 se estipuló el monto máximo que se puede alcanzar como gastos de campaña. El colmo de la desfachatez de la administración de Gustavo Petro fue que presentaron libros contables en donde los gastos están 38 millones de pesos por encima del tope. Increíblemente cuando vieron el error trataron de corregir los libros oficiales aplicando una devolución de ese valor a una empresa de Seguridad Privada quien supuestamente había aportado a la campaña. Lo cómico es que esa empresa pertenece al hoy Embajador en España nombrado por el presidente Petro.
 
El gerente de la campaña Ricardo Roa quien firmó los libros contables en donde está el error de pasarse los topes, es hoy el Gerente de Ecopetrol con un salario superior a los 100 millones de pesos mensuales.
 
El abogado Abuchaide está trabajando en la presentación de la denuncia por pasarse los topes de gastos, la cual tiene como pena la destitución del cargo del elegido. La ofensa no es simplemente una contravención, es un delito de carácter penal porque atenta contra la democracia misma al permitir que por medio de “tulas de dinero” se puedan manipular el resultado de una elección en el país.
 
De llegarse a la destitución de Petro por ese medio también sale del cargo la vicepresidente Francia Márquez porque hizo parte de ese entramado delictivo y se benefició al obtener el primer cargo del país el exguerrillero Gustavo Francisco Petro Urrego.
 
Esperemos que llegue a buen puerto la denuncia y que la Comisión de Acusaciones realice un juicio en Derecho y que no sea de carácter o conveniencia política como ya nos están acostumbrando a los colombianos.