Disidencias de Iván Mordisco anuncian juicio revolucionario contra nueve uniformados secuestrados

En un comunicado emitido el 10 de noviembre de 2026, el Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), bajo el mando de alias Iván Mordisco, informó su decisión de someter a lo que denominan un “juicio revolucionario” a nueve miembros de la fuerza pública que permanecen en su poder. La organización insurgente, que mantiene una postura de confrontación armada frente al Estado, identificó a los retenidos como Jamerson Guachetá, José Larrahondo, José Buitrón, Bryan Toro, Harold Luis Ricardo, Jason García, Víctor Yepes, Anderson Sancha y Adrián Guevara.

El grupo armado, que cataloga a estos uniformados como “prisioneros de guerra” dentro del marco del conflicto interno que atraviesa el país, señaló que los procedimientos judiciales internos se llevarán a cabo bajo sus propias normativas. Según el documento divulgado, estas acciones se fundamentan en sus “normas internas de conducción de la guerra” y en lo que describen como sus “principios revolucionarios”. A pesar de la naturaleza ilegal de estas detenciones, la estructura criminal aseguró que los procesados contarán con supuestas “garantías de defensa y contradicción” durante el desarrollo de las diligencias.

Condiciones de cautiverio y cuestionamientos al sistema estatal

La estructura del Estado Mayor Central afirmó en su misiva que ha proporcionado a los nueve cautivos las “mejores condiciones posibles durante su privación de la libertad”. Asimismo, manifestaron haber enviado pruebas de supervivencia a los familiares de los policías y militares afectados, aunque no se especificaron detalles técnicos sobre la ubicación geográfica de los retenidos ni las fechas exactas en las que se produjeron los secuestros. Tampoco se estableció un cronograma claro sobre el inicio de los mencionados juicios internos.

Aprovechando la coyuntura del anuncio, el grupo armado lanzó fuertes críticas contra el sistema penitenciario colombiano. En el texto, instaron a la apertura de “un gran debate nacional” que aborde la situación de los presos comunes, políticos y de conciencia, así como la política criminal y el régimen carcelario vigente en Colombia. Según la visión de las disidencias, las personas privadas de la libertad en centros estatales son víctimas de agresiones y torturas, además de enfrentar graves deficiencias en el acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y asistencia médica.

“El conflicto social y armado colombiano nos coloca en estas circunstancias que extienden el dolor a familiares de soldados, policías y guerrilleros”, expresó el Estado Mayor Central en el comunicado. En este sentido, reiteraron su llamado a buscar una “solución política” al conflicto y aprovecharon para enviar un mensaje a la juventud colombiana, exhortándola a no formar parte de las filas de la fuerza pública.

Presión militar y sometimiento de cabecillas

Este anuncio de las disidencias ocurre en un momento de alta tensión operativa. La política de seguridad implementada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el 7 de agosto de 2026, se ha centrado en la desarticulación de grupos armados ilegales y bandas criminales, con un foco especial en las estructuras que obedecen a Iván Mordisco. En este contexto, el mandatario confirmó recientemente el sometimiento a la justicia de alias Chapolo, identificado como Jhan Carlos Rodríguez Mandela.

Rodríguez Mandela era señalado como uno de los principales jefes de la estructura Ismael Ruiz, vinculada directamente a las disidencias del Estado Mayor Central. Junto a él, otros cuatro integrantes de la organización decidieron entregarse a las autoridades. El presidente De la Espriella, a través de sus canales oficiales, atribuyó este resultado a la contundencia de las operaciones militares y policiales en el territorio nacional. “A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública”, sentenció el jefe de Estado.

Resultados de las operaciones en el territorio nacional

Durante el proceso de entrega de alias Chapolo y sus subordinados, las autoridades lograron la incautación de un importante arsenal compuesto por cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y abundante munición. Cabe destacar que alias Chapolo era un objetivo prioritario para la Policía en el departamento del Tolima, donde se le vinculaba con presuntas intimidaciones y amenazas contra candidatos al Congreso de la República mediante el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp.

Paralelamente, el Gobierno Nacional informó sobre los avances de la operación Noah, desarrollada en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Esta acción, dirigida contra otra facción de las disidencias de las Farc, dejó un saldo preliminar de cuatro integrantes del grupo armado muertos en combate. De igual manera, se reportaron intervenciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la zona rural de Pacarní, en el municipio de Tesalia, Huila.

Ante este panorama de orden público, el presidente De la Espriella fue enfático al declarar que su administración no detendrá la ofensiva contra las organizaciones al margen de la ley. “No he retrocedido ni voy a hacerlo”, aseguró el mandatario, reafirmando que la estrategia de seguridad seguirá siendo una prioridad para el Ejecutivo en su objetivo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a las amenazas de los grupos armados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué anunció el grupo de Iván Mordisco sobre los uniformados secuestrados?

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc informó que someterá a un "juicio revolucionario" a nueve miembros de la fuerza pública que mantiene en su poder. Según el grupo armado, el proceso se realizará bajo sus propias normas internas de guerra y aseguran haber enviado pruebas de supervivencia a las familias.

¿Quiénes son los uniformados afectados por esta medida?

La organización identificó a los retenidos como Jamerson Guachetá, José Larrahondo, José Buitrón, Bryan Toro, Harold Luis Ricardo, Jason García, Víctor Yepes, Anderson Sancha y Adrián Guevara. El grupo los cataloga como "prisioneros de guerra" y afirma que les brindarán garantías de defensa dentro de su sistema ilegal.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El mandatario ha intensificado la presión militar, logrando recientemente el sometimiento de alias Chapolo, cabecilla de la estructura Ismael Ruiz. De la Espriella enfatizó que no detendrá la ofensiva y que los criminales solo tienen dos opciones: someterse a la justicia o enfrentar la contundencia de la Fuerza Pública.