Oposición en el Senado busca frenar la reforma a la salud por falta de respaldo financiero

La reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés en el Congreso. Este miércoles 17 de septiembre, los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Partido Centro Democrático, radicaron una ponencia negativa en la Comisión Séptima del Senado en la que solicitan el archivo definitivo de la iniciativa, argumentando riesgos para la sostenibilidad fiscal y para la atención de los pacientes.

El documento señala que la propuesta no cuenta con un respaldo financiero claro. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, el costo de implementación en 2026 alcanzaría los 109 billones de pesos, sin que se especifiquen fuentes de financiación.

Esta situación se suma al déficit de 26 billones de pesos que ya presenta el Presupuesto General de la Nación. Los ponentes también cuestionaron los cambios en las proyecciones oficiales de ingresos, que en menos de un año variaron en más de 300 billones de pesos, sin explicación técnica ni identificación de nuevas fuentes de recursos.

Otro de los puntos críticos está relacionado con la centralización de la administración en la Adres, entidad que, según el proyecto, manejaría de manera exclusiva los fondos del sistema y realizaría hasta el 85% de los giros sin auditoría previa.

Los senadores compararon este modelo con lo ocurrido en la Nueva EPS desde que pasó a ser controlada por el Gobierno en 2024. En un año, dicha entidad presentó irregularidades por 10,5 billones en anticipos sin legalizar, 8,7 billones en facturas sin procesar y 21,3 billones en cuentas por pagar.

El Centro Democrático advierte que el proyecto tampoco garantiza la continuidad de tratamientos médicos para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo. Aunque se establece que las EPS seguirán funcionando hasta la creación de nuevas redes de salud, no se define un mecanismo para asegurar que la transición no afecte los procesos de atención. Además, la ponencia alerta sobre los riesgos de fragmentación en la prestación del servicio y la falta de claridad en el seguimiento personalizado a los usuarios.

El modelo propuesto, que elimina el aseguramiento privado y mixto para dar paso a un sistema público, también fue cuestionado. Los opositores consideran que este esquema no resuelve problemas estructurales como el déficit de personal médico ni las dificultades de acceso en zonas rurales. Asimismo, señalan que las nuevas funciones asignadas a las entidades territoriales no cuentan con respaldo presupuestal suficiente para garantizar su ejecución.

Como alternativa, el partido propuso fortalecer el sistema actual sin recurrir a nuevos impuestos. Entre las medidas planteadas se encuentran aumentar los recursos disponibles, mejorar las condiciones laborales del personal de salud, agilizar la entrega de medicamentos y autorizaciones, ampliar la cobertura en zonas apartadas y crear mecanismos de control y transparencia. También plantean reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y exigir acreditación y garantías de pago a las EPS.

La decisión sobre el futuro de la reforma recae ahora en la Comisión Séptima del Senado, donde se evaluará si se archiva el proyecto o si continúan los debates. Mientras tanto, la ponencia negativa insiste en que cualquier modificación al sistema debe orientarse a fortalecer sus logros en cobertura y equidad, sin afectar la estabilidad financiera ni la continuidad en la atención a los pacientes.