(OPINIÓN) Petro y el desmonte del mando militar: una decisión de alto riesgo para Colombia. Por: Bernardo Henao Jaramillo

La salida reciente de decenas de oficiales superiores coroneles, tenientes coroneles y mayores configura una decisión de enorme sensibilidad institucional, especialmente porque ocurre en medio del deterioro del orden público, la inseguridad desbordada en toda la Nación, la expansión territorial de estructuras criminales y la creciente presión sobre la Fuerza Pública en varias regiones del país.

La figura del llamamiento a calificar servicios existe dentro del ordenamiento jurídico y puede ser legítima cuando responde a necesidades objetivas de renovación, evaluación institucional o reorganización del mando. Pero no puede convertirse en un instrumento de politización de la Fuerza Pública, ni en una herramienta masiva, recurrente y opaca. Esa no es una decisión discrecional, ni por valoración, sino arbitraria.

Al ser retirados 49 altos mandos del Ejército, sin una explicación pública suficiente, sin criterios verificables y en medio de una crisis de seguridad, el mensaje hacia el interior de la institución y hacia los territorios es preocupante: se está alterando la columna vertebral del mando operacional.

El problema no es solamente cuántos oficiales salen. El problema es quiénes salen, en qué momento salen y qué experiencia institucional se pierde con ellos. Los coroneles, tenientes coroneles y mayores no son piezas menores dentro de la arquitectura militar. Son mandos con conocimiento de terreno, experiencia en inteligencia, operaciones, logística, control de unidades, manejo de crisis, interlocución con autoridades civiles y conducción de personal bajo presión real.

 Además, hay un elemento que el país suele pasar por alto: formar a un oficial superior no toma meses ni se resuelve con un nombramiento en un decreto. Un coronel o un mayor representa años incluso décadas de formación académica, entrenamiento militar, cursos de ascenso, especialización, experiencia operacional, mando de tropas, conocimiento del terreno, procesos de evaluación y acumulación de criterio institucional, responsabilidades administrativas, logísticas, tácticas y estratégicas

Por eso las salidas masivas deben analizarse con mucha más profundidad y razonabilidad, sin perder de vista que esos movimientos deben efectuarse en aras del buen servicio. No se trata simplemente de abrir espacio a nuevas generaciones. La renovación institucional es necesaria, pero debe hacerse con planeación, proporcionalidad y criterios técnicos. Si se retira de manera abrupta a un número importante de oficiales formados durante 20, 25 o 30 años, el Estado no solo pierde personas: pierde experiencia acumulada, conocimiento operacional y capacidad de conducción.

En un país con presencia activa de disidencias, ELN, Clan del Golfo, estructuras narcotraficantes y economías ilegales, retirar masivamente cuadros medios y altos afecta la continuidad operacional, la memoria institucional y la capacidad de anticipación frente al crimen organizado.

A esto se suma un antecedente delicado: desde el inicio del gobierno Petro se ha registrado una amplia renovación de la cúpula militar y policial. Las bajas de generales han sido amplias, sensibles y políticamente discutidas. También en la Policía Nacional se han producido remezones relevantes. Visto en conjunto, el fenómeno parece menos un ajuste puntual y más una recomposición sostenida de la Fuerza Pública, con propósitos ocultos que ponen en grave riesgo el plan democracia.

También hay una dimensión moral e institucional. Un oficial que percibe que su carrera puede terminar por razones políticas, por criterios poco claros o por simples reacomodos de confianza, pierde incentivos para actuar con autonomía técnica. La Fuerza Pública no puede ser tratada como una dependencia burocrática cualquiera. Su función constitucional exige disciplina, mérito, continuidad y confianza interna.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿estas salidas obedecen a una verdadera evaluación institucional o hacen parte de una politización del mando militar y policial? Esa pregunta debe responderse con transparencia. El país necesita saber si los oficiales retirados tenían cuestionamientos disciplinarios, bajo desempeño, problemas operacionales o si simplemente fueron apartados en medio de una reconfiguración ideológica de la Fuerza Pública.

El riesgo es que Colombia termine reemplazando experiencia por obediencia, mérito por alineamiento y estabilidad institucional por improvisación política. En seguridad, los errores no se pagan solamente en titulares: se pagan en territorios perdidos, comunidades abandonadas, soldados desmotivados, policías debilitados y criminales fortalecidos.

Por eso este remezón no puede normalizarse. Es una señal de alarma sobre la conducción de la seguridad nacional. Cuando un gobierno remueve de forma masiva a oficiales superiores mientras el país enfrenta una expansión de economías ilegales y estructuras armadas, la discusión deja de ser interna de los cuarteles y pasa a ser un asunto de interés público, del que se piensa que pueden existir intereses en favorecer la criminalidad y contribuir a un caos mayor.

Colombia necesita una Fuerza Pública profesional, respetada, técnicamente conducida y constitucionalmente neutral. Porque cuando el mando se debilita, no gana la democracia: ganan quienes disputan el territorio con armas, dinero ilegal y terror.

Surgen otros interrogantes ¿Por qué mientras se “desmonta” a las Fuerzas Militares y de Policía, se mantienen en sus cargos a funcionarios seriamente cuestionados por diferentes delitos? ¿Por qué se persiste en el fracasado plan “Paz Total” y se levantan o suspenden órdenes de captura? ¿Por qué esas decisiones se adoptan cuándo se aproxima la elección presidencial?

“Los marcos de toma de decisiones militares, la planificación de contingencias y la calma bajo presión son fundamentales para una respuesta eficaz ante una crisis”. (Autor desconocido).