(OPINIÓN) No hay nada que celebrar: Miguel Quintero está disfrutando. Por: Carlos Andrés Echavarría

Para un sector amplio de la ciudadanía, la justicia colombiana demuestra con frecuencia que las leyes están perfectamente confeccionadas para que las personas con dinero, cargos de poder o padrinazgos políticos eviten el rigor de una celda intramural, lo que se convierte en un incentivo perverso para que los inmorales sigan su marcha hacia la riqueza privada a costa de los recursos públicos.

Los ejemplos abundan. Juliana Guerrero fue declarada culpable por la justicia tras admitir que falsificó documentos públicos y académicos para acceder de manera ilegal a un alto cargo del Estado. Utilizó su poder e influencia dentro del Departamento de la Presidencia y, al final, el castigo se redujo a una pena excarcelable, pedir perdón públicamente y un «no lo vuelvo a hacer». Juliana Guerrero por esa acción en particular, nunca pisará un centro penitenciario.

Ahora el turno es para Miguel Quintero Calle, hermano del más controvertido exalcalde que ha tenido Medellín. Durante esa administración distrital, Miguel comenzó a ostentar una vida de lujos y excesos sin que se tenga conocimiento público de emprendimientos, sociedades o empresas a su nombre en el sector privado que sustenten semejante nivel de vida de «nuevo rico».

Los hermanos Quintero Calle no provienen de una familia poderosa económicamente; Daniel menciona en todos los espacios que tuvieron una infancia dura y con necesidades. Sin embargo, el panorama cambió cuando Miguel llegó al Concejo de Medellín en el año 2012 por el partido Alianza Verde mediante un activismo político con la campaña de los «Manolos», recolectando dinero en alcancías verdes. En ese momento quedó claro que no tenían padrinos ni músculo financiero.

Miguel salió del Concejo para aspirar a la Alcaldía, se quemó y posteriormente fue contratado como asesor en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso de la República, aunque nunca se hizo público qué congresista lo acogió durante esos años.

Del 2019 en adelante no se le conoce trabajo alguno, bien sea como empleado o como contratista público por la restricción legal de ser hermano del alcalde, pero tampoco en el sector privado o como emprendedor. Solo figuró como operador político del movimiento de su hermano. La pregunta es inevitable: ¿Cómo se daba esa vida de millonario?

Los escándalos con relojes de alta gama tipo Rolex, vehículos deportivos Ferrari y la edificación de una propiedad de lujo en el municipio de Girardota levantan serias sospechas. Obviamente, Miguel justificaba que el reloj y el auto no eran suyos y que la construcción era un "gangazo". Hay unos personajes que tienen un ángel para encontrar esas ofertas inmobiliarias como el exgerente de Ecopetrol Ricardo Roa.

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Miguel Andrés Quintero Calle por delitos graves de contratación pública en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

Aunque el proceso penal apenas comienza y solo un juez determinará su responsabilidad formal, no es para nada económico el abogado que contrató.

Santiago Trespalacios es uno de los penalistas más reconocidos de Medellín y, por la complejidad del caso, sus honorarios en el mercado penal pueden alcanzar fácilmente los 500 millones de pesos. Si no se le conoce un empleo o empresa a Miguel Quintero desde 2019, ¿cómo hace para costear semejante defensa?

Sin decir antes de un fallo que es culpable, resulta de muy mal sabor para la opinión pública que, a pesar de los argumentos presentados por la defensa, la medida cautelar ordenada por el juez no fuera la cárcel, sino la casa por cárcel; que en el caso de Miguel termina siendo "mansión por cárcel".

Ver cómo un ciudadano común termina tras las rejas en un centro carcelario por hurtar un caldo de gallina en un supermercado, mientras que los involucrados en desfalcos millonarios a las arcas públicas disfrutan de la comodidad de sus hogares, plantea un dilema ético indignante al fomentar la realización de este tipo de delitos y cada vez habrá más personas que ingresan a cargos públicos con el único objetivo de enriquecerse a toda costa, porque con este tipo de sanciones la señal que se envía sería: Si no quieres ir a la cárcel, debes robar en grande.

El ciudadano del común culpa a los jueces por tomar este tipo de medidas cuando simplemente aplican lo escrito. A quienes hay que señalar son los responsables de hacer las leyes del país: Los Congresistas.

Algunos de los honorables padres de la patria legislan a conveniencia propia, asegurándose de que, si algún día caen en sus propios entramados de corrupción, las penas sean un chiste y no existan sanciones reales. Por esa razón, el ciudadano debe ser muy responsable a la hora de las elecciones. Votar es un acto supremo dentro de una democracia y hay que saber elegir para que no lleguen al Senado o la Cámara de Representantes personas que destacan por su falta de conocimiento y que se ufanan de ello. Quienes redactan las leyes que nos competen a los 53 millones de colombianos tienen que ser los mejores.

No hay nada que celebrar con lo de Miguel Quintero; es una bofetada a las personas que día a día intentan hacer el bien y trabajar honestamente para sacar adelante a sus familias. Una vergüenza nacional que le hayan otorgado el beneficio de la casa por cárcel al indiciado y que luego de 6 años desde que se colocaron las primeras denuncias en su contra, el proceso apenas esté en esta etapa. El sistema penal del país tiene que cambiar.

Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.