(OPINIÓN) La Acción Comunal vive, pero necesita tratamiento. Por: John Jairo Llano Cano

Vive en las manos encallecidas de quienes trabajan sin esperar aplausos, en las noches que se sacrifican en reuniones y en los fines de semana que se entregan a una causa colectiva.

Pero, aunque vive, la Acción Comunal necesita tratamiento. No porque le falte capacidad para servir, sino porque durante décadas ha tenido que sobrevivir entre necesidades, dificultades administrativas, escaso acompañamiento institucional, estigmatización y promesas que no siempre se convierten en realidades.

Quienes hacemos parte de este movimiento no estamos pidiendo que nos regalen el reconocimiento que merecemos. Estamos reclamando que se comprenda, de una vez por todas, la dimensión de nuestra contribución al desarrollo de Colombia.

Una historia que comenzó hace más de seis décadas. Nuestra historia institucional tiene una fecha que debemos recordar con orgullo: 18 de noviembre de 1958, cuando se expidió la Ley 19 de ese año. Sus artículos 22 y 23 contemplaron la participación de las Juntas de Acción Comunal en asuntos de interés colectivo y promovieron la cooperación de los vecinos para mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, nuestras raíces son más profundas. Vienen del convite, de la minga, de la mano vuelta y de esas prácticas solidarias mediante las cuales nuestros antepasados comprendieron que las necesidades comunes se resuelven mejor cuando las personas se unen.

Desde entonces, miles de comunidades han convertido la organización y el trabajo colectivo en herramientas para transformar sus territorios. La Acción Comunal ha acompañado la construcción de caminos, puentes, acueductos, alcantarillados, redes eléctricas, escuelas, puestos de salud, espacios deportivos, viviendas y sedes comunitarias.

No hablamos de una historia escrita únicamente en documentos. Hablamos de obras que todavía están ahí, de barrios que crecieron gracias a la organización de sus habitantes y de comunidades que, ante la ausencia o insuficiencia del Estado, decidieron no quedarse de brazos cruzados.

El propio Ministerio del Interior ha destacado el papel histórico de las Juntas en la construcción de infraestructura comunitaria, incluyendo caminos, puentes, acueductos, redes eléctricas y proyectos de vivienda.

¡Cuántas obras de Colombia llevan, aunque no aparezca en una placa, el esfuerzo silencioso de hombres y mujeres comunales!

Las cifras también hablan de nuestra grandeza. La Acción Comunal no es una organización pequeña ni una expresión marginal de la participación ciudadana. Es una fuerza social extendida por el territorio nacional, con presencia urbana y rural, y con una estructura que articula juntas, asociaciones, federaciones y confederación.

Las cifras oficiales disponibles permiten dimensionar esa presencia. En 2023, el Ministerio del Interior informó que el país contaba con 7.413.519 afiliados, 63.153 Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria y 1.425 asociaciones de juntas. También reportó la existencia de 39 federaciones de Acción Comunal.

Más recientemente, al presentar el balance de las elecciones comunales de 2026, el Ministerio informó que había 56.000 organismos habilitados para ese proceso, de los cuales 44.183 realizaron elecciones, equivalente a una participación organizativa del 78,59 %. Antioquia encabezó la concentración departamental, con 5.919 organismos.

Estas cifras corresponden a cortes y registros diferentes; por eso, más que repetir un número sin contexto, debemos exigir un sistema de información comunal actualizado, confiable y público, que permita conocer cuántos organismos están activos, cuántas personas están afiliadas, cuántos dignatarios ejercen sus responsabilidades y qué necesidades tiene cada nivel de nuestra organización.

Detrás de cada cifra hay seres humanos. Hay presidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios, fiscales, conciliadores, delegados y coordinadores que asumieron una responsabilidad ante sus comunidades. Hay mujeres que sostienen procesos sociales, jóvenes que buscan abrirse camino, adultos mayores que comparten su experiencia y liderazgos rurales que trabajan en condiciones muchas veces difíciles.

No somos solamente cifras en una base de datos: somos personas que decidimos convertir la solidaridad en una forma de vida.

El voluntariado que entrega mucho más de lo que recibe. Quienes hacemos parte de la Acción Comunal conocemos el verdadero costo de servir.

Sabemos lo que significa salir de casa para asistir a una reunión, aplazar compromisos familiares, gastar dinero de nuestro propio bolsillo en transporte, llamadas, papelería o gestiones, y dedicar horas a buscar soluciones para personas que muchas veces ni siquiera conocen el esfuerzo que hay detrás de cada resultado.

Sabemos también lo que significa recibir una crítica sin que se conozca el contexto, enfrentar señalamientos por decisiones que no dependen de nosotros o tener que explicar una y otra vez que la labor comunal no es un empleo remunerado, sino una responsabilidad asumida voluntariamente.

¿Cuántas veces hemos dejado de compartir con nuestras familias para atender una necesidad comunitaria? ¿Cuántas puertas hemos tocado sin obtener respuesta?

¿Cuántas veces hemos puesto nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra credibilidad al servicio de una gestión que termina beneficiando a todo un barrio?

No lo hacemos para que nos deban favores. Lo hacemos porque creemos que el lugar donde vivimos merece mejores oportunidades y porque entendemos que la comunidad no puede esperar siempre a que otros resuelvan sus problemas.

Por eso, la dignificación del liderazgo comunal no puede reducirse a un reconocimiento simbólico. Debe expresarse en formación pertinente, asistencia técnica, herramientas tecnológicas, garantías para ejercer el liderazgo, protección frente a las amenazas y oportunidades reales para desarrollar proyectos comunitarios.

El voluntariado no significa que el Estado pueda desentenderse. Significa que existe una ciudadanía dispuesta a trabajar con él, no a reemplazarlo.

Una organización que necesita pasar de la supervivencia al fortalecimiento. La Acción Comunal ha demostrado que sabe organizarse, gestionar y construir. Sin embargo, durante demasiado tiempo ha tenido que concentrar buena parte de sus energías en sobrevivir: resolver dificultades jurídicas, actualizar libros, tramitar reconocimientos, conseguir recursos para mantener sus sedes y superar barreras que, en ocasiones, terminan alejando a los líderes de su verdadera misión.

La Ley 743 de 2002 representó un momento importante en la organización jurídica del movimiento. Hoy, la Ley 2166 de 2021 y su reglamentación constituyen parte del marco que debe orientar su funcionamiento y fortalecimiento. Pero las normas, por sí solas, no transforman los territorios. Se necesita voluntad institucional, recursos, formación y una relación respetuosa entre el Estado y las organizaciones comunales.

Seguimos esperando una Política Pública Nacional de Acción Comunal, construida con participación efectiva del movimiento, con metas verificables, financiación y continuidad más allá de los cambios de gobierno. También necesitamos que se concrete una estrategia nacional de fortalecimiento que responda a las realidades de los organismos de primer, segundo, tercer y cuarto grado.

El CONPES Comunal que reclama el movimiento debe ser mucho más que un documento. Debe traducirse en compromisos institucionales, presupuesto, acompañamiento y resultados medibles en los barrios, las veredas, las comunas, los corregimientos, los municipios y los departamentos.

Necesitamos que la formación comunal sea permanente y accesible; que la asistencia técnica llegue a las organizaciones que más la requieren; que la tecnología deje de ser una barrera; que las sedes comunales sean reconocidas como espacios de participación y encuentro; y que se abran caminos para la contratación social, los emprendimientos comunales y los proyectos que generen bienestar y oportunidades.

No queremos que se nos mire como organizaciones destinadas a recibir ayudas ocasionales, ni que se confunda la gestión comunitaria con la distribución de pequeñas dádivas. Queremos ser reconocidos como actores del desarrollo, con capacidad de proponer, concertar, ejecutar, hacer seguimiento y rendir cuentas.

También debemos mirarnos hacia adentro. Sería injusto exigirle todo al Estado y no reconocer las responsabilidades que tenemos como movimiento.

La Acción Comunal necesita fortalecer su democracia interna, su transparencia, la participación de los afiliados y el respeto por las normas que la rigen. Necesita abrirles espacio a nuevos liderazgos, escuchar a quienes piensan diferente y comprender que ninguna dignidad comunal convierte a una persona en propietaria de la organización.

Debemos rechazar las prácticas que utilizan los cargos para alimentar egos, cerrar oportunidades, obstaculizar liderazgos o convertir las juntas en instrumentos de intereses particulares. También debemos cuestionar la apropiación del trabajo ajeno, el desconocimiento de las reglas y la subordinación de la autonomía comunal a las conveniencias de la politiquería.

La Acción Comunal no puede pedir respeto hacia afuera si no cultiva el respeto hacia adentro.

Quienes hemos asumido responsabilidades en cualquiera de sus niveles tenemos el deber de actuar con honestidad, estudiar la normatividad, rendir cuentas y recordar que representamos a una comunidad, no a nuestros intereses personales.

Fortalecer la Acción Comunal también significa sanar sus diferencias, recuperar la confianza y demostrar que la solidaridad no es solamente una palabra que pronunciamos en los discursos, sino una práctica que orienta nuestras decisiones.

El tratamiento que necesitamos. La Acción Comunal no necesita que le diagnostiquen falta de compromiso. Ese compromiso lo ha demostrado durante décadas.

Lo que necesita es un tratamiento integral: reconocimiento, formación, recursos, acompañamiento, garantías, oportunidades y una relación institucional que valore su autonomía y su capacidad de gestión.

Necesita que los alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas, ministerios y demás entidades comprendan que una Junta de Acción Comunal fortalecida puede contribuir a identificar necesidades, construir soluciones, cuidar los bienes colectivos, promover la convivencia y hacer que la participación ciudadana tenga sentido en la vida cotidiana.

Necesita que las asociaciones acompañen a las juntas; que las federaciones fortalezcan a las asociaciones; que la Confederación represente con firmeza los intereses nacionales; y que todos los niveles trabajemos de manera articulada, sin desconocer nuestras diferencias ni perder de vista el propósito común.

Necesita que los dignatarios sean escuchados, que sus conocimientos sean valorados y que sus experiencias territoriales se conviertan en insumos para las decisiones públicas.

Y necesita, sobre todo, que el país deje de ver la Acción Comunal únicamente cuando hay elecciones, emergencias, convocatorias o necesidades que resolver.

La Acción Comunal vive porque hay quienes creen en ella. La Acción Comunal vive porque todavía hay personas que creen que servir vale la pena. Vive en quienes madrugan a abrir la sede, en quienes preparan una reunión, en quienes acompañan a un vecino, en quienes buscan recursos para una obra y en quienes defienden el derecho de su comunidad a participar en las decisiones que afectan su futuro.

Vive en las mujeres y los hombres que, a pesar del cansancio y de las decepciones, siguen convocando, conciliando, proponiendo y construyendo.

Y seguirá viva si somos capaces de convertir el esfuerzo individual en fuerza colectiva; si hacemos de la solidaridad una conducta cotidiana; si defendemos nuestra autonomía; si renovamos nuestros liderazgos; si cuidamos nuestras organizaciones y si logramos que el Estado nos reconozca como aliados estratégicos del desarrollo territorial.

No escribo estas palabras desde la distancia. Las escribo desde la convicción de quien hace parte de este movimiento y cree en su capacidad de transformación.

Como formador comunal, considero que fortalecer la Acción Comunal es fortalecer la democracia, la participación y la esperanza de millones de colombianos.

La Acción Comunal no pide que le resuelvan la vida. Pide que le permitan seguir transformándola, con dignidad, herramientas y oportunidades.

Porque la Acción Comunal vive. Vive en la memoria de lo que hemos construido, en el compromiso de quienes hoy servimos y en la esperanza de quienes mañana asumirán esta responsabilidad.

Pero vivir no puede significar resistir eternamente. ¡La Acción Comunal vive, sí! Y porque vive, merece el tratamiento que la fortalezca, la dignifique y le permita seguir haciendo Patria.