(OPINIÓN) Juliana Guerrero: El abismo entre lo justo y lo correcto. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

Juliana Guerrero incurrió en fraude procesal (art. 453 del Código Penal) al inducir en error a la administración pública mediante diplomas falsificados para acreditar los requisitos de un viceministerio. La ley penal colombiana, a través de la Ley 906 de 2004, faculta a la Fiscalía para negociar preacuerdos que premien la aceptación de cargos con reducciones de pena. Al recibir una condena inferior a los cuatro años, el propio Código Penal abre la puerta a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Desde el punto de vista de las leyes que se aplican en Colombia, la acción del juez no tiene reproche alguno. Se le garantizó el debido proceso a la acusada, se aplicó el marco penal del fraude procesal, se aceptó el preacuerdo realizado entre la procesada y la Fiscalía lo que supuestamente ahorró tiempo y recursos al sistema de justicia y se aplicaron las sanciones expuestas dentro del marco legal. Así que, en términos de "justicia formal", la decisión no tiene reparo alguno: fue una condena justa.

Ahora vamos con lo relevante de la decisión desde el punto de vista ético y moral: ¿es una pena que se considera acorde a los daños que ocasionó?

Aquí la cosa cambia por completo. Una sanción justa no siempre es una sanción ética. La actuación de Juliana Guerrero deterioró y socavó tantos pilares dentro del aparato del Estado que las consecuencias de la sanción recibida, lejos de disuadir, impulsarían a muchos a cometer los mismos delitos. Las consecuencias de ser descubiertos son tan bajas que sirven de incentivo para arriesgarse a perseguir el objetivo.

Si fuera válido falsificar títulos para ocupar cargos de alta dirección dentro del Estado, el incentivo se vuelve perverso: destruye de facto el esfuerzo individual de quienes sí cumplieron con los planes de estudio y acaba con la reputación y el prestigio de las instituciones de educación del país. Si con unos millones se compra un título, todos los títulos profesionales quedan en duda y, con ello, la idoneidad de los graduados.

No solo miremos el caso de Juliana Guerrero, sino también el de las cientos de personas que compraron títulos en esa misma institución educativa, o el de Julián Bedoya con el presunto título falso de abogado otorgado por la Universidad de Medellín. Y, un paso más allá, la "doctoritis" de políticos como Gustavo Petro, en cuya hoja de vida figuraron durante años maestrías y doctorados cuando el único título real y comprobado era su pregrado en economía.

El otrora presidente Gustavo Petro defendió hasta la saciedad a Juliana Guerrero; incluso en alocuciones y entrevistas decía que ella había pasado todos los controles para la verificación de credenciales para acceder al cargo. O sea, ¿es una declaración manifiesta de que los controles son muy malos o se cometió una arbitrariedad en el caso de la señorita? Y lo peor de todo para un país que se considera democrático: ¿el presidente fue engañado o mintió descaradamente? Ambos panoramas entregan un mensaje terrible para los ciudadanos.

Juliana Guerrero confesó un acto que va mucho más allá de querer engañar a la administración pública: cometió un atentado contra todo el sistema educativo y destruyó el proceso de meritocracia, dejando en el ciudadano del común la amarga sensación de que quienes ocupan los más altos cargos del país no tienen un mérito real. Toda la administración pública queda en entredicho.

Miremos ahora la otra orilla. El secretario de la Fundación San José ya había confesado la expedición de los títulos falsos de Juliana Guerrero y había sido condenado por el hecho; por ende, no existía una necesidad real de otorgar un preacuerdo a la procesada. El supuesto "ahorro de recursos públicos" al acelerar el juicio carece de relevancia frente al impacto institucional y, por el contrario, destruyó la imagen de autoridad del poder judicial. Sin ese preacuerdo, la pena impuesta a Guerrero habría superado los 48 meses, lo que la habría conducido a un centro de reclusión. Solo así habría quedado en la opinión pública la certeza de que "hubo justicia", pues la pena privativa de la libertad es la única sanción real para un acto tan reprochable como la falsificación de documentos públicos y una disuasión real para quienes querían seguir sus pasos.

El mensaje enviado a la ciudadanía con esta condena es nefasto: defraudar al Estado y usurpar funciones de alta responsabilidad no tiene un costo real. Se destruye la fe en la equidad de condiciones y se incentiva la cultura del "atajo", socavando la reserva moral de la función pública.

El caso de Juliana Guerrero nos recuerda que la justicia formal se conforma con el cumplimiento del procedimiento, pero la salud democrática de una nación exige algo más que mera legalidad: requiere integridad infranqueable. Un fallo puede ser justo ante los ojos de un código penal y, al mismo tiempo, profundamente incorrecto y perjudicial ante la conciencia de la patria.

Si el Estado de derecho insiste en reducir la ética pública a una mera transacción técnica de preacuerdos y rebajas, la ciudadanía seguirá percibiendo la ley no como un instrumento de justicia, sino como un escudo de impunidad para los “astutos” que contratan a los mejores abogados para sus defensas y las penas realmente efectivas solo quedarían para quienes no tienen la capacidad económica de amoldarse a ese perverso sistema.

Es hora de entender que la renovación de la política no se logra solo respetando las formas del proceso penal, sino devolviéndole a la función pública el carácter sagrado del mérito y del deber.

Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.