(OPINIÓN) Ir por paz y traer guerra. Por: Juan Ortiz Osorno.

Con esta frase se hizo elegir Petro a la presidencia. Sin embargo durante el gobierno Petro, el ELN no se redujo: pasó de cerca de seis mil integrantes a siete mil doscientos. Un crecimiento del 20%, incluso en medio de negociaciones de paz. El ELN tiene ahora 7 frentes regionales que abarcan todo el país, con 25 frentes rurales activos. El ELN no solo no se acabó, sino que creció. Actualmente el ELN cobra 300 mil pesos por cada kilo de coca que se produzca en sus territorios. Cobran 7 gramos de oro por cada 100 gramos que se extraigan y cobra 3 mil pesos por cada fragmento de árbol talado. El ELN nació en 1964 con la pretensión de ‘delimitar’ la guerra, es decir, de dirigirla contra el Estado y las élites. Seis décadas después, la organización que hablaba de guerra política terminó financiándose de economías ilegales y cobrando a la población, que decía defender, solo por vivir.

Las negociaciones de Petro con el ELN, iniciadas en 2022, se extendieron por dos años sin producir ningún resultado. En medio de rondas internacionales costosas y un cese al fuego que operó con ambigüedades, el proceso se erosionó por secuestros, extorsión y control territorial. Pero el problema de fondo fue que las partes nunca negociaron lo mismo. Petro buscaba la desmovilización y el ELN insistía en una transformación previa del Estado. Y ahí asoma la ironía: el Estado ya había sufrido esa transformación: El ELN negociaba con Petro, un exguerrillero que dejó las armas, sin pagar un solo día de cárcel por sus delitos y que terminó conversando durante dos años sin lograr lo que anunció que haría en pocas semanas.

Recientemente el presidente Petro volvió a mentir con otra de sus frases que pretenden ser célebres. Lo hizo en el contexto de los últimos atentados por parte de las disidencias de las FARC: “Quieren que la extrema derecha gobierne a Colombia”, dijo Gustavo Petro tras los atentados en el suroccidente del país, sugiriendo una intencionalidad política detrás de la violencia. Y de manera absurda relacionando a las FARC con la candidatura de Paloma y con su archienemigo, el expresidente Uribe.

Con las disidencias de las FARC, el panorama es aún más apocalíptico que con el ELN. Lo que hoy se agrupa bajo ese nombre de “Disidencias” no es una organización unificada sino un mosaico de nueve mil hombres, distribuidos en más de cuarenta estructuras sin mando central efectivo. El gobierno abrió negociaciones, cuando eran seis mil alzados en armas, en 2023. Principalmente con el Estado Mayor Central, mientras sostenía contactos más incipientes con la Segunda Marquetalia. Sin embargo, el proceso se fue resquebrajando entre 2024 y 2025 por ataques persistentes, expansión territorial y la imposibilidad de alinear a mandos dispersos. A diferencia de una guerrilla tradicional, aquí no hay una sola voluntad negociadora: algunas facciones dialogan mientras otras continúan en guerra abierta. Crecieron un 30% durante el gobierno Petro y ya son poco más de 9 mil supuestos guerrilleros.

Los atentados de Cajibío y la vía Panamericana fueron ejecutados por alias “Mi Pez”, integrante de redes que responden a cabecillas como “Marlon”, dentro del mismo entramado del Estado Mayor Central, organización que a la vez participaba en los esquemas de negociación del gobierno de Gustavo Petro con suspensión de órdenes de captura para varios de sus mandos, denominados Gestores de Paz. Es decir, la misma arquitectura con la que se dialogaba seguía produciendo los ataques más graves contra la población civil.

En paralelo, el propio “Iván Mordisco”, hoy perseguido como objetivo militar, respondió a señalamientos de Petro , que lo calificó de “traqueto”, afirmando: “cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”, insinuando un respaldo político previo. El resultado es una ecuación profundamente contradictoria: Petro combate a una parte de las FARC y es interpelado por alias Mordisco, en el terreno político. Y al mismo tiempo, negociaba con otra parte de las FARC, al mando de Alias Calarcá, quien contó durante un año con suspensión de órdenes de captura en el marco de la negociación, sin que eso se tradujera en una desescalada verificable de la violencia en su zona de influencia. Así, la línea entre negociación, confrontación y legitimación se diluye, y la violencia deja de ser una ruptura del proceso para convertirse en una de sus expresiones simultáneas.

En la misma línea, Iván Cepeda advirtió que los atentados últimos “podrían favorecer a sectores de extrema derecha en el escenario electoral”. Días después, el propio Estado Mayor Central de las FARC, en un comunicado, asumió la “responsabilidad política” por Cajibío, atribuyéndolo a un “error táctico” en medio de combates en la zona de El Túnel. Y sostuvo que situaciones así pueden ser utilizadas para favorecer a la extrema derecha. El resultado es una coincidencia inquietante: En una coordinación explícita, Petro, Cepeda y las FARC terminan compartiendo el mismo marco interpretativo de la violencia. Mientras se enfrentan en el terreno, hablan el mismo idioma sobre el sentido de los atentados, y en esa superposición, la contradicción deja de ser táctica para volverse estructural.

Durante el gobierno de Petro, con el impulso y protagonismo de Iván Cepeda como uno de los principales abanderados de la “Paz Total”, la política de negociación dejó de limitarse a guerrillas con discurso político y se extendió a estructuras abiertamente criminales. Bajo esa lógica, el Ejecutivo abrió canales con organizaciones como el Clan del Golfo, que pasó de cerca de 7.500 integrantes en 2024 a casi 9.800 en 2025. Un crecimiento cercano al 30%. Mientras el conjunto de grupos armados en el país superó los 27.000 miembros, con aumentos superiores al 23% en un solo año.

En este contexto, el Gobierno llegó a suspender órdenes de captura a decenas de cabecillas y a explorar beneficios para estructuras condenadas y recluidas en la cárcel, en un intento por facilitar acercamientos, varios de los cuales fueron cuestionados y frenados políticamente. Sin embargo, lejos de traducirse en desescalamiento de violencia, estas organizaciones continuaron expandiéndose territorialmente y fortaleciendo sus economías ilegales. Y lo peor, produciendo más víctimas civiles.

El resultado es una paradoja evidente: la llamada “Paz Total” terminó ampliando el número de interlocutores sin reducir la violencia. Con el ELN, el Gobierno defendió durante meses que no había incumplimiento del cese al fuego pese a secuestros y control territorial; con las disidencias de las FARC, intentó una negociación que nunca logró unificar mandos ni frenar los atentados y frente a estructuras criminales como el Clan del Golfo, llegó a suspender órdenes de captura y a explorar beneficios sin que eso se tradujera en desmantelamiento. Así, Petro terminó negociando, justificando o conteniendo, según el actor armado, a organizaciones que, lejos de debilitarse, crecieron. La consecuencia no es solo el fracaso de una promesa de paz, sino una distorsión más profunda: en Colombia, la violencia dejó de ser un obstáculo para la negociación y pasó a convivir con ella como parte del mismo sistema.

Sin importar si los grupos con los que se pretenda negociar, tienen o no alguna ideología, en la Colombia de Petro y de Cepeda, mientras más se promete la paz, más se normaliza la guerra. Para ellos la paz es solo discurso y la guerra la práctica recurrente.  Cuanto más diga Cepeda en campaña, como lo dijo Petro, la palabra paz, más cargará la población civil con las consecuencias devastadoras de los actos de guerra: bombas y cuerpos mutilados, viudas, huérfanos, entierros de civiles, desplazados, hambre, atraso y pobreza.