(OPINIÓN) Encuestas: ¿con licencia para mentir? Por: Eduardo Mackenzie

¿Estamos en una campaña electoral o en medio de una farsa que alguien nos quiere hacer creer que esta es una campaña electoral?

En los ejercicios ciudadanos para elegir un nuevo presidente de la República el 31 de mayo las rarezas e incoherencias se acumulan:  legislación electoral defectuosa, proliferación de candidatos, coaliciones disparatadas, ataques verbales del jefe de Estado contra la Registraduría, asesinatos de candidatos (sí, en plural), clientelismo narco-comunista y, sobre todo encuestas improbables, algunas no de opinión sino de propaganda, mañana, tarde y noche.

El asunto de las encuestas llama mucho la atención. En lugar de describir honestamente las inclinaciones de la opinión pública en un momento dado, las encuestas actuales están, por el contrario, fabricando tendencias irreales a largo plazo e inflando personajes sin que la realidad en las plazas públicas concuerde con ello. Mientras tanto, los politólogos y los “expertos” duermen tranquilos repitiendo el mantra: “En Colombia no pasa nada”. 

¿Quién puede creer que Iván Cepeda Castro, el principal apólogo de la “paz total”, el amigo de la JEP, el coadjutor de la Nueva Marquetalia y de su humanitario jefe, alias Márquez, el defensor ad honorem de Jesús Santrich, el fabricante de testimonios falsos en presidios de la mano de Piedad Córdoba, para matar judicialmente al expresidente Uribe, el enemigo del Centro de Memoria Histórica porque su director, Darío Acevedo Carmona, nunca aceptó que las atrocidades de las FARC son actos legítimos (la teoría del “conflicto armado”) y, en fin, el protector de alias 19, jefe de la Primera Línea, es el candidato favorito de los colombianos? (1) 

La encuesta “Colombia Opina #9”, realizada por Invamer en noviembre de 2025, para Noticias Caracol y Blu Radio, pasará a la historia como un ejemplo negativo. Invamer proclamó que Iván Cepeda era el candidato presidencial favorito. Cepeda emergió por esa vía como el más opcionado de los aspirantes, sin siquiera haber realizado un solo acto público como precandidato y a pesar de haber obtenido pocos votos en la consulta interna de su grupo (2).

Desde entonces, las encuestas y los medios que pagan esos trabajos destacan el nombre de ese falso “ampliador de la democracia”, como dice la propaganda del PCC. Y las otras encuestadoras repiten dócilmente la misma cantilena.

¿El caso Iván Cepeda es una variante del caso Călin Georgescu de Rumania?

Esa anomalía no sería un milagro de los encuestadores. El problema podría venir de la misma ley de encuestas (ley 2494 de 2025) y de los retrasos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la puesta en marcha de la ‘Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral’ y de su lentitud en refrescar las resoluciones 23 de 1996 y 50 de 1997.

La ley 2492 que pretendía superar los defectos de la legislación anterior, sobre todo su escasa transparencia y las “malas prácticas”, según la frase de Invamer, fue el resultado de un curioso consenso de tres senadoras –Paloma Valencia, Clara López y Angélica Lozano– miembros de partidos opuestos: dos de extrema izquierda y una de centroderecha. ¿Las senadoras podían ser neutrales teniendo intereses en los escrutinios de 2026? La esposa de Lozano, Claudia López, es una de las precandidatas presidenciales y Valencia ganó la consulta interna de un grupo heteróclito. Ellas, por otra parte, no consultaron siquiera a las encuestadoras. En cambio, contaron con la asesoría de Hanwen Zhang, una técnica en estadística de origen chino. 

Tras ser aprobada, esa ley fue rápidamente objetada. Tenía vacíos, así como un tono autoritario: prohibió la publicación de encuestas hasta el 31 de octubre de 2025 y, sobre todo, decidió (artículo 5) que las encuestadoras sólo podrán publicar mediciones sobre intención de voto tres meses antes del primer día de inscripción de candidaturas. Ello disparó el número de precandidatos y la nación no pudo decidir sosegadamente quiénes debían ser los más lógicos por su trayectoria y competencia. Alguien quería decidir a última hora por ella. Esa prohibición fue insertada por las senadoras. Así, los partidos quedaron amarrados sin poder hacer planes a tiempo y preparar alianzas consecuentes.

En poco tiempo, ocho demandas pidieron a la Corte Constitucional anular la ley o algunos de sus artículos. Las encuestadoras estimaron que ese texto, además, creaba obligaciones difíciles de cumplir, como exigir que los sondeos de tipo electoral deben incluir respuestas de todos los municipios con más de 800 mil habitantes, así como de una serie de municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones.

Como Colombia no es Suiza, hay municipios grandes y pequeños afectados por el terror de los carteles y bandas narco-comunistas, lo que hace muy arriesgado el trabajo de los encuestadores. Pero lo más grave es: ¿las opiniones emitidas en territorios donde no impera la ley, ni la seguridad, ni la libertad de opinión, qué peso tienen? La respuesta debería ser: ninguno. Luego encuestar en esas condiciones es ayudar a la maquinaria de los actores criminales y de sus intereses. ¿Se puede entonces excluir las respuestas de esos territorios? Según El Tiempo, Víctor Muñoz, fundador de la firma encuestadora Guarumo, anotó que, sobre todo, la ley debe ilustrar la manera de proceder en los territorios “con orden público complejo”, y si las respuestas se pueden “extraer de la muestra”. Ese punto decisivo no ha sido resuelto.

La mal redactada ley dice: “En los eventos de alteración del orden público, desastres naturales u otras circunstancias de fuerza mayor las firmas encuestadoras podrán hacer uso para efectos de la selección de municipios a las que se refiere este artículo de las sobre muestras o muestras (sic) de reemplazo.”  Felicitaciones a quien entienda eso.  

En todo caso, obligar a las encuestadoras a tomar como respuestas genuinas las opiniones de habitantes que viven bajo la intimidación y la violencia permanente en 800 municipios equivale a convertir a las encuestadoras en correa de transmisión del narco-terrorismo.

Otro temor: que las encuestas “inflen” abusiva y prematuramente personas gracias a métodos que no tienen que ver con la opinión ciudadana. El caso de Rumania con Călin Georgescu, un candidato antisistema, anti Otan y anti Unión Europea poco conocido, es un ejemplo. En noviembre de 2024, Georgescu ganó la primera vuelta de la elección presidencial. Intrigados por ese fenómeno, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de Defensa descubrieron una operación de influencia de Rusia para poner a Georgescu en el centro de la escena política mediante el trabajo de 25 000 cuentas de la red social TikTok. Tras el cierre de la investigación por financiación irregular de su partido, el hombre fue detenido.

Otra serie de dificultades

El curioso perfil de la ley 2494 creó otros roces que la Corte Constitucional debería enmendar. Resumiré sólo cinco:

1. Creó una desaparición práctica de las encuestas públicas. Según Razón Pública “Antes existía un ecosistema vibrante de mediciones mensuales. Hoy, la producción pública se redujo casi a cero. Los ciudadanos dejaron de tener acceso a mediciones periódicas y diversas” (3).

2. No deja claro cuáles son las personas que deben aparecer en las encuestas pues la ley exige incluir a “candidatos con notoriedad pública significativa” pero no explica qué es eso exactamente. “Eso no tiene sentido”, declaró Martín Orozco, gerente general de Invamer a la revista La Silla Vacía. “¿Cómo saber quién tiene favorabilidad manifiesta antes de hacer una encuesta de favorabilidad?”, preguntó (4).

3. La obligación exagerada de captar respuestas en tantos municipios aumenta considerablemente los costos de producción. “Si la Invamer Poll antes costaba por decir algo 100 pesos, ahora costaría 160 pesos”, explicó Martín Orozco a El Tiempo, y es casi “imposible saber las diferencias entre los segmentos demográficos” (5). Ese factor podría provocar un auge de falsas encuestas. 

4. La “Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral” no es equilibrada: sus cinco miembros con título profesional en estadística (por qué no incluye otras especialidades) vienen únicamente de la Universidad Nacional y de la Universidad del Norte.

5. La ley creó una tensión entre la obligación de respetar el anonimato (Habeas Data) y la de entregar los nombres de los encuestados al realizar las auditorías. El Habeas Data surgió en América Latina en el siglo XX. Es un derecho que protege a las personas contra la recopilación, uso y difusión ilícita de sus datos personales.

La confiscación de preferencias

Tal fue el comienzo de la batalla cultural-electoral entre consultas de grupos disparatados, precandidatos y candidatos independientes y candidatos de coaliciones heterogéneas y, sobre todo, el lote de sorpresas y datos insólitos como la posición eminente que teóricamente tendría un candidato que propone agravar las destrucciones petristas que las mayorías rechazan en masa en las ciudades y regiones que no están bajo la férula de las fuerzas subversivas. 

¿Qué dice la ley 2494 sobre el mercado de apuestas que también ofrecen datos de intención de voto? Nada. Eso lo aprovechó Polymarket para hacer campaña, desde enero pasado, en favor de Iván Cepeda (6).

¿La ley 2494 prohíbe divulgar encuestas hechas por firmas que reciben dinero del Estado bajo la forma de contratos? No, nada dice al respecto. Ese vacío lo aprovechó otro encuestador. El Centro Nacional de Consultoría difundió una encuesta muy favorable a Iván Cepeda y a Paloma Valencia en la Revista Cambio, donde es socio (22% de las acciones) Daniel Coronel. Esa encuesta disminuyó el peso electoral de Abelardo de la Espriella. Como lo denunció Alvaro Ramírez González, el gobierno de Gustavo Petro le ha otorgado contratos al CNC por varios miles de millones de pesos. (7).

Tal es el denominador común de los operadores desde octubre pasado: poner a Iván Cepeda en primer plano, impresionar a los electores, a los partidos y, sobre todo, transformar en cajas de resonancia a los medios, a la prensa y las redes sociales. ¿Vamos hacia un escándalo como el de Rumania en 2024?

¿De dónde salen las respuestas sobre Iván Cepeda? ¿De qué regiones? Nadie sabe nada. La comisión técnica ni siquiera está en condiciones de trabajar. Los controles que exhibe la ley son, hasta hoy, humo.

Esa confiscación debe terminar. Las verdaderas preferencias de los colombianos sobre sus candidatos presidenciales deben salir del ostracismo. Hay que alertar a la mayoría silenciosa, al país y a los países latinoamericanos y sobre todo al gobierno de Estados Unidos. Esta farsa no puede continuar.

(1).- Iván Cepeda aparece como el continuador del gobierno atroz de Gustavo Petro. Cepeda pidió, el pasado 23 de marzo, “trabajar” para que la Nueva Marquetalia, la organización comunista que, según los indicios en poder de la Fiscalía, asesinó al senador de oposición Miguel Uribe Turbay, “vuelva a estar en la esfera del acuerdo de paz”. Cepeda también dijo que, si él llega a la jefatura del Estado, las FARC ingresarán a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por esas bellas reivindicaciones las mayorías nacionales quieren verlo en el Palacio de Nariño?

(2).- Ver mi artículo El sondeo “Colombia Opina #9”: análisis crítico, en https://lalinternaazul2.wordpress.com/2025/12/02/el-sondeo-colombia-opina-9-analisis-critico/

(3).- https://razonpublica.com/encuestas-colombia-historia-metodologia-una-ley-cambio-juego-politico/

(4).- https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/nueva-ley-prohibe-encuestas-presidenciales-hasta-noviembre-de-2025/

(5).- Ver el artículo de Juan Sebastián Lombo Delgado, El Tiempo, https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/las-dudas-que-aun-quedan-en-la-ley-de-encuestas-a-un-dia-que-acabe-la-restriccion-a-los-sondeos-presidenciales-3505215,

(6).- https://www.elcolombiano.com/colombia/entrevista-mauricio-gaona-elecciones-constituyente-BN34829945

(7).- https://lalinternaazul2.wordpress.com/2026/03/24/colombian-news-la-encuestadora-cnc-le-hace-el-juego-a-gustavo-petro/