Olmedo López será investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en compra de predios

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio que tenía como objetivo la adquisición de tierras para proyectos productivos dirigidos a familias incluidas en el Registro Único Nacional de Damnificados.

El proceso también involucra a César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y a otros cuatro funcionarios que habrían participado en el diseño, ejecución y modificación del acuerdo interinstitucional.

Entre los investigados están Daniel María Medina González, exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Alberto Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD; María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidente de Negocios Fiduciarios de La Fiduprevisora; y Daniela Andrea Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la misma entidad.

De acuerdo con el organismo de control, el convenio suscrito buscaba facilitar la compra de terrenos que serían utilizados para implementar proyectos productivos como parte de las medidas de atención a comunidades afectadas por desastres.

La Procuraduría indagará si las modificaciones introducidas a dicho convenio se ajustaron a los procedimientos normativos y si estas habrían dado lugar a posibles irregularidades en la ejecución del mismo.

La información preliminar indica que cerca de 100 mil millones de pesos habrían sido desviados bajo la justificación de atender emergencias provocadas por la temporada de lluvias. El ente de control examina si en el proceso de compra se presentaron sobrecostos, irregularidades en la adjudicación de predios o inconsistencias en la identificación de los beneficiarios finales.

Esta indagación se suma a otros procesos que actualmente desarrollan distintas autoridades sobre la gestión de recursos públicos en entidades encargadas de la atención de desastres y emergencias, con el fin de establecer responsabilidades y verificar la correcta destinación de los fondos orientados a la población damnificada.