Toma de tierras: ¿diálogo o Estado de derecho?

Por Mauricio Morales Moreno

Al parecer esta es la disyuntiva que vive el país en la confrontación entre comunidades campesinas en el norte del departamento del Cauca, donde los colectivos indígenas en la última semana  ya han ocupado dos mil hectáreas de tierras cultivables en zonas mayoritariamente azucareras.

Según palabras textuales de la ministra, en alocución radial por La FM, «este no es el mismo país, se lo dije a la SAC»  (Sociedad de Agricultores de Colombia), en un preocupante mensaje que le extiende al país.

Sobre la ocupación ilegal de tierras afirma; «la única solución es sentarnos a dialogar», en una apuesta por la negociación, desconociendo las normas y la tradición de la propiedad.

Cecilia López, con su posición de que  «hay que sentar a todos los actores» desconoce la autoridad del órgano de justicia para darle solución a los conflictos y pone en desventaja a propietarios y trabajadores legales.

Seguidamente la Señora López, también dijo: «El mensaje que yo quiero dar es que este es otro país» y las comunidades indígenas tienen poder político y hoy tienen derecho, «a ellos les debemos la elección de este nuevo proyecto político».

Palabras altamente cuestionables de la jefe máxima de la cartera de agricultura, ya que dejan en el aire, la sensación de que aquellos que tienen el poder político en Colombia, ¿adquieren el derecho de invadir tierras?

Esa pregunta sería una consecuencia lógica de estas cuestionables declaraciones de la ministra.

Evidentemente, es muy deseable que las comunidades en conflicto puedan solucionar civilizadamente sus problemas; pero si de entrada el gobierno reconoce una superioridad ética o moral a algunos sectores que considera históricamente marginados, entonces en cualquier negociación con los indígenas de ahora en adelante, la sociedad civil pasa a estar en desventaja en este «nuevo país».

¿No se supone acaso que en Colombia rige constitucionalmente una igualdad ante la ley, y que quién infrinja las normas, es quien debe responder ante las autoridades?

Igualmente Cecilia López expresa muy cuestionablemente en la entrevista, la idea de que aplicar la ley es estar del lado de la guerra.

En medio de sus polémicas declaraciones, incluso la ministra habla de corredor humanitario, algo que suena realmente muy bonito y apropiado viniendo del gobierno, que acude al diálogo, pero no defendiendo la institucionalidad, ni las normas constitucionales, en calidad de árbitro neutral promotor de la paz; sino de representante de las comunidades ancestrales y marginadas, dicho de otro modo, defendiendo únicamente los intereses de los indígenas, botín electoral del Pacto Histórico.

Lo anterior sin negar que en política sentarse a dialogar es fundamental, y que luce muy promotor de la negociación el nuevo gobierno en materia de  solución de los conflictos que aquejan al país.

Es claro que el petrismo en el poder, nunca haría uso de la misma herramienta de negociación en materia tributaria, negociación que tanto necesitan el sistema productivo y sus principales agentes económicos.

Medidas como mesas de diálogo y corredores humanitarios, que bien puede llegar a servir para mitigar la violencia del Cauca, son una medida de excepción en un Estado de derecho.

Lo que se espera del gobierno y en un «nuevo país» como la ministra lo llama, es que la gente tenga las garantías de que se apliquen las normas respecto a la tenencia de la propiedad.

La opinión pública sabe perfectamente que el diálogo y la negociación son por supuesto formas civilizadas de solucionar los problemas; pero valga aclarar que esa no es la única manera civilizada de arreglar los conflictos, también existe el Estado de derecho.

La aplicación de las normas es precisamente la manera más eficiente y eficaz, que alrededor del mundo, las sociedades en las democracias modernas encontraron para solucionar sus diferencias y así poder avanzar.

Es bajo el imperio de la ley donde la gente  soluciona sus conflictos de forma más civilizada aún.

Para un problema de tierras campesinas como las del Cauca, donde hay economías ilegales de por medio, un sistema garantista de la justicia, es aquel dónde se acude al principio positivo, que son las leyes, en las cuales todos o la mayoría estamos de acuerdo, y donde jueces y fiscales le dan estricta aplicación. Ese Estado de derecho es lo que nunca ha tenido el Cauca de manera permanente, y debido a eso es que en el suroccidente colombiano todavía estamos muy lejos de ver paz y seguridad.

Pues resulta que las leyes ya existen en Colombia y en el mundo,  son herramientas e instituciones que han sido comprobadas, y que su aplicación general se convierte en el punto de partida para salir del atraso social.

No fue hasta que las leyes se convirtieron en un sistema de aplicación general en los Estados Unidos, hasta que no se organizó la Nación y no entró en un franco y seguro proceso de desarrollo.

Al parecer esa no es la historia en Colombia y puede verse con mayor claridad en el departamento del Cauca, donde hay una problemática ilegal de ocupación de tierras agrícolas de zonas bajas.

Es la administración de Justicia, el sistema de jueces y fiscales que se encargan de comprobar quién está cumpliendo o no, con las normas.

Desarrollar el Estado de derecho, también debe hacer parte del llamado posconflicto, porque si la gente tiene derecho a una sana administración de la justicia, se arreglan los problemas, y si la justicia está colapsada, el Estado debe con urgencia adelantar esfuerzos para efectuar una amplia reforma a la justicia y así  garantizar el acceso a este servicio público que es esencial para todos.