En Colombia el delito paga, alcalde de Cali contrata vándalos

Integrantes del colectivo violento denominado la Primera Línea, ahora son funcionarios públicos pagados por los contribuyentes colombianos, de tal forma que alterar el orden público en el país, se constituye en un requisito indispensable para convertirse en funcionario, o en actor político.

De esta manera se cumplió su objetivo, tras meses de «arduo trabajo» agrediendo a las autoridades, destrozando la propiedad pública y ajena, destruyendo cajeros electrónicos, estaciones de transporte masivo, cerrando vías, bloqueando el libre tránsito de los conciudadanos, afectando el comercio de alimentos y mercancías entre otros delitos.

Se sumaron todos estos atentados contra el orden público, para que fueran tenidos en cuenta por la administración de la capital del Valle, sin importar que se trató de hechos violentos que incluso desencadenaron la muerte de dos bebés, que a causa de los bloqueos no alcanzaron a recibir atención especializada, y que a su vez, ocasionaron la decapitación de motociclistas por los cables que atravesaban e impedían el tránsito de vehículos.

Ahora, sin sus capuchas, se gradúan como agentes de cambio, en un proceso donde reclaman ser protagonistas de la transformación del ESMAD, en un acto de inexplicable benevolencia oficial frente al delito, donde se tiene en cuenta la opinión de los vándalos, reconociendo en los violentos una fuerza política.

Agentes de cambio, así se les llamará de ahora en adelante, tras haber logrado su vinculación laboral al aparato oficial del Estado, más exactamente con la Secretaría de Tránsito adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, donde trabajarán de ahora en adelante, en gestión de movilidad, algo así como cooperantes de tránsito.

Todo por obra y gracia del mandatario de los caleños Jorge Iván Ospina, quien les prometió trabajo como premio después de haber destrozando la ciudad y sometido a sus habitantes a penurias, sufrimientos y escasez.

En las cárceles de Colombia, muchos presos salen ricos tras delinquir años desde allá, convirtiendo esos espacios de reclusión en toda una universidad del crimen, también exguerrilleros ahora ocupan cargos oficiales, desde el más humilde empleo, hasta los más altos cargos del ejecutivo y la alta política nacional.

Guerrilleros, subversivos y sediciosos que han cometido asonada, concierto para delinquir, desde hace años, terminan en el legislativo; e incluso en el gobierno, como es la historia del propio presidente.

Y ahora, como si fuera poco, los miembros de colectivos violentos son graduados como agentes de cambio, lo que animaría a más gente a emprender la senda del vandalismo, ya que el mensaje es muy diferente a premiar el buen comportamiento y la observancia estricta de la ley.

La pregunta que se hace el ciudadano del común es, ¿para cuándo será premiado el buen comportamiento? Porque esta forma de proceder de las autoridades civiles está obligando a que los ciudadanos que nunca hayan violado la ley, les toque, con sus impuestos, pagarles el sueldo a los bandidos, en una muestra más de que en Colombia definitivamente el delito paga, y paga muy bien.