¿El gobierno tiene amarrada a la fuerza pública?

A pesar de la problemática de las ocupaciones ilegales de tierras en los departamentos del Cauca y sur del Valle, que amenaza con convertirse en un grave conflicto étnico, y donde solo se hacen consejos de gobierno, reuniones permanentes con las comunidades y con la fuerza pública abordo; nadie da la directriz para restablecer la normalidad.

En Necoclí, pasa igual. Las comunidades, enojadas por el mal estado de las vías, donde ya se reportan 10 municipios que se quedan sin gas debido a los bloqueos, y a lo que también se suman problemas con gran cantidad de migrantes; no reciben respuesta. Ni el gobierno central, ni el ministro de Transporte brindan soluciones, ni tampoco la fuerza pública actúa para restablecer derechos.

Y por si fuera poco, en Buriticá, con el tema minero, también se hacen permanentes reuniones inoficiosas, incluso con legisladores y ministros a bordo y el panorama en todas partes permanece igual: derechos vulnerados, protestas masivas, violencia, descontento generalizado y las autoridades y fuerza pública parecen estar impedidas para cumplir con su función.

Ante este panorama, la opinión pública se pregunta; ¿acaso existe una orden del ejecutivo para que las autoridades tanto civiles como armadas, no intervengan en los actuales focos de las violencias en el país?

Al parecer esto es lo que ocurre en todas las regiones donde las comunidades que en campaña fueron un decidido apoyo electoral a Petro, ahora se sienten inconformes y su gente resulta sentirse defraudada, al ver que no tienen el respaldo del gobierno que eligieron; cada vez más se evidencian los incumplimientos de las autoridades civiles, que impiden al Ejército y a la Policía hacer presencia y restaurar el cumplimiento de la ley.

A propósito de esto, muchas personas se preguntan sobre Gustavo Bolívar y el diálogo que sostuvo con los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. ¿Acaso se trata de ganar tiempo para apaciguar a un electorado petrista enojado, para que no le incendien al país?

El gobierno con su errático proceder, y a pesar del ataque sistemático a la institucionalidad y al Estado de derecho, con la anulación de las cabezas de las FF AA, presenta desde muy temprano fuertes fracturas de legitimidad, lo cual es una clara muestra de debilidad y de ausencia de coherencia política.