Nuevas reglas para las protestas en Bogotá tras aumento de bloqueos y daños

La Alcaldía de Bogotá avanza en la elaboración de un decreto con el que busca modificar los protocolos vigentes para la gestión de la protesta social en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento de manifestaciones y por episodios de violencia que han afectado bienes públicos y el sistema de transporte masivo.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Gustavo Quintero, y plantea ajustes al marco normativo nacional que regula la intervención de las autoridades durante movilizaciones.

De acuerdo con la Administración Distrital, el objetivo central es garantizar el derecho a la protesta pacífica sin desconocer los derechos de quienes no participan en las manifestaciones. En ese marco, el Distrito ha puesto especial atención en la protección de TransMilenio, infraestructura que ha sido blanco recurrente de ataques durante algunas jornadas de protesta, así como en la seguridad de puntos estratégicos como el Aeropuerto El Dorado, las sedes de las altas cortes y otros espacios considerados esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

Las cifras oficiales muestran un incremento sostenido de las movilizaciones. Durante 2025 se registraron 1.678 protestas en Bogotá, frente a las 1.394 contabilizadas en 2024, lo que representa un aumento del 24%. Aunque la Secretaría de Gobierno señala que más del 95% de estas manifestaciones transcurrieron de manera pacífica, los episodios restantes requirieron intervención de la Fuerza Pública debido a alteraciones del orden, daños a bienes públicos y ataques con artefactos explosivos artesanales.

Quintero ha señalado que las autoridades han identificado cambios en las dinámicas de algunos grupos que participan en disturbios, con el uso de elementos de mayor complejidad que dificultan la reacción institucional. Según el funcionario, esta evolución ha puesto en evidencia limitaciones del Decreto 003 de 2021, que establece que la actuación policial debe priorizar el diálogo y el uso proporcional de la fuerza como último recurso, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta distrital contempla la apertura de mesas técnicas con participación del Ministerio del Interior, la Procuraduría General y organizaciones sociales, con el fin de discutir los alcances de la reforma. La Alcaldía sostiene que cualquier modificación debe preservar el carácter fundamental del derecho a la protesta, pero también dotar a las autoridades de herramientas para prevenir afectaciones al transporte público y a la infraestructura urbana.

El debate se da, además, en medio de investigaciones judiciales por hechos violentos ocurridos en entornos universitarios. En diciembre de 2024 fueron capturadas once personas señaladas de integrar una estructura responsable de ataques con explosivos, incendios y daños al transporte público. Las autoridades judiciales indicaron que estas acciones buscaban generar alteraciones graves al orden y poner en riesgo a la ciudadanía.

La administración distrital prevé presentar un borrador normativo durante el primer semestre de 2026, proceso que requerirá discusión a nivel nacional debido a que la regulación vigente no permite ajustes exclusivamente locales.