Gobierno oficializó venta de su participación en Movistar en medio del proceso de fusión con Tigo

El Ministerio de Hacienda expidió el decreto 1481 mediante el cual autorizó la venta de la participación accionaria que la Nación mantiene en Colombia Telecomunicaciones, empresa que opera bajo la marca Movistar en el país. La decisión contempla la enajenación de 1.108 millones de acciones, equivalentes al 32,5 % de la compañía, y marca un giro relevante en la postura que el Gobierno había sostenido durante los últimos meses frente a este activo estratégico.

La medida se produce en un momento clave para el sector de las telecomunicaciones, justo cuando avanza el proceso de integración entre Movistar y Tigo, una fusión que ya recibió el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Con este decreto, el Ejecutivo despeja el camino para su salida accionaria de la empresa, en un contexto de reorganización del mercado y de ajustes en la política fiscal del país.

Durante el último trimestre, el Gobierno voces habían negado de forma reiterada la posibilidad de vender su participación en Movistar. Incluso, desde algunos sectores oficiales se sugirió la alternativa de fortalecer la presencia estatal mediante una eventual compra de la compañía o una mayor injerencia en su control mientras se hacía memoria de la antigua Telecom y de la necesidad de estatalizar las comunicaciones. Para el momento, se especulaba con la posible compra de Movistar a través de Ecopetrol. Sin embargo, la expedición del decreto 1481 contradice esa línea y formaliza la intención de desinvertir, argumentando razones de conveniencia financiera y estratégica.

Aunque el decreto habilita la venta, no detalla los mecanismos específicos ni los plazos en los que se realizará la operación. Tampoco precisa si la enajenación se hará de forma directa a los actuales socios, a terceros interesados o mediante un proceso abierto en el mercado. Estas definiciones quedarían sujetas a reglamentaciones posteriores y a las condiciones que establezcan las autoridades económicas.

La salida del Estado como accionista relevante se da en paralelo a la consolidación de la fusión Movistar–Tigo, una operación que busca fortalecer la sostenibilidad financiera de ambas compañías y mejorar su capacidad de inversión en infraestructura, especialmente en redes 5G y expansión de cobertura. La decisión de la SIC ya había generado debate por el impacto que tendrá en la competencia del sector y en la concentración del mercado.

Desde el Gobierno, la expedición del decreto ha sido interpretada como una forma de alinearse con el nuevo escenario empresarial, evitando mantener una participación accionaria en una compañía que se encuentra en proceso de transformación estructural. No obstante, sectores políticos y económicos han señalado la contradicción entre el discurso previo del Ejecutivo y la decisión adoptada, cuestionando la coherencia de la política pública en materia de activos estratégicos.

Con esta determinación, la Nación avanza en la eventual salida de uno de sus activos más relevantes en el sector de telecomunicaciones, abriendo un nuevo capítulo en la relación del Estado con las empresas de servicios públicos y con el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.