Musk trató de comprar OpenAI y Trump le dio más poder en el Gobierno

Un grupo de inversores liderado por el empresario Elon Musk presentó una oferta de $97.400 millones de dólares para la compra de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial propietaria de ChatGPT.

Según informó ‘The Wall Street Journal’, la oferta fue presentada a la junta directiva de OpenAI a través del abogado de Musk, Marc Toberoff. El empresario argumentó que la compañía debe «volver a ser la fuerza abierta y centrada en la seguridad que alguna vez fue».

Sin embargo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, rechazó la oferta. A través de su cuenta en la red social X, Altman respondió: «No, gracias, pero compraremos X (antes Twitter) por 9.740 millones de dólares si quieres».

En paralelo, Musk mantiene una demanda contra OpenAI y Altman, en la que alega que los fundadores de la compañía han desviado su misión original de desarrollar inteligencia artificial para beneficio de la humanidad. OpenAI, por su parte, continúa su proceso de transición hacia un modelo de negocio con fines de lucro para garantizar el financiamiento de nuevos desarrollos.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con el objetivo de reducir significativamente la plantilla del Gobierno federal y dar mayor poder al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), supervisado por Elon Musk.

En un acto en el Despacho Oval, Trump compareció junto a Musk, quien vestía una gorra con el lema de campaña ‘Make America Great Again’ y estaba acompañado por su hijo, X Æ A-Xii. El empresario manifestó que la burocracia gubernamental se ha convertido en una «cuarta rama no electa» y propuso «controles de sentido común» para reducir el gasto público.

Trump respaldó las declaraciones de Musk y afirmó que su papel en la reducción del tamaño del gobierno es clave. El DOGE tiene la misión de recortar personal y gastos, lo que incluye el desmantelamiento de agencias como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

La orden ejecutiva de Trump ofrece a los empleados federales la posibilidad de renunciar con indemnización y establece que, una vez finalizada la congelación de contrataciones, solo se podrá contratar a un nuevo trabajador por cada cuatro que se retiren, con excepciones en seguridad nacional y control migratorio.

Las acciones del DOGE han generado demandas y controversias en distintos sectores, mientras que la Casa Blanca sostiene que las medidas buscan reducir la burocracia y optimizar el gasto gubernamental.

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