Marco Rubio planteó nuevas medidas contra la CPI y pidió a aliados revisar su relación con el tribunal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña internacional orientada a promover que distintos países abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), organismo encargado de investigar y juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

La iniciativa, presentada por el Departamento de Estado, busca ejercer presión sobre aliados de Washington para que reconsideren su participación en la Corte, a la que el Gobierno estadounidense acusa de asumir competencias que considera contrarias a su soberanía nacional.

Rubio afirmó que la CPI representa una amenaza para Estados Unidos al atribuirse la facultad de adelantar procesos contra militares y funcionarios estadounidenses. Según el secretario de Estado, el tribunal estaría interviniendo en asuntos relacionados con decisiones adoptadas en defensa de los intereses nacionales del país.

“Representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense”, señaló Rubio, al referirse al papel de la Corte y a las investigaciones que han involucrado a ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados.

Estados Unidos no hace parte del Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional en 2002. Washington ha mantenido históricamente una posición crítica frente al tribunal debido a la posibilidad de que sus funcionarios puedan ser objeto de investigaciones internacionales.

La estrategia anunciada por el Departamento de Estado contempla restricciones migratorias para integrantes de la Corte Penal Internacional y la ampliación de sanciones contra funcionarios del organismo y entidades relacionadas. Además, la administración estadounidense plantea aumentar la presión diplomática sobre países aliados que mantienen vínculos con la CPI, especialmente aquellos que reciben cooperación en materia de seguridad por parte de Washington.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, estos países deberían rechazar las actuaciones de la Corte cuando involucren intereses norteamericanos o de sus aliados estratégicos.

Rubio indicó que la CPI busca convertirse en un organismo con capacidad de actuar como “árbitro global” sin mecanismos suficientes de control. El funcionario también expresó su intención de trabajar con otros gobiernos para reducir la influencia internacional del tribunal.

Las diferencias entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional se han mantenido durante varias administraciones. Durante el gobierno de Donald Trump, Washington impuso sanciones contra altos funcionarios de la CPI debido a investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán.

También se adoptaron medidas frente a actuaciones de la Corte relacionadas con funcionarios israelíes, país considerado un aliado estratégico de Estados Unidos.

La nueva campaña anunciada por Rubio se produce en medio de una postura más amplia del Gobierno estadounidense frente a organismos internacionales que, según Washington, pueden limitar la capacidad de decisión del país en asuntos de seguridad y política exterior.

En una columna publicada en el diario The Wall Street Journal, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos trabajará junto con sus aliados para reducir el alcance de la CPI y planteó que este proceso podría desarrollarse de manera gradual.