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La ONU exigió un alto al fuego inmediato en Sudán y prorrogó la investigación sobre abusos

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige un cese al fuego "inmediato y completo, sin condiciones" en Sudán, donde la guerra ha desplazado a más de 13 millones de personas y ha generado una crisis humanitaria de gran escala.

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Redacción IFM
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La ONU exige un alto el fuego inmediato en Sudán y prorroga la investigación sobre abusos

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un órgano compuesto por 47 miembros y con sede en Ginebra, adoptó una resolución crucial para la situación en Sudán. La votación se saldó con 28 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, reflejando una mayoría clara para la aprobación del texto, aunque también un número relevante de países que expresaron su desacuerdo o se abstuvieron.

Esta resolución exige a todas las partes involucradas en el conflicto sudanés un cese al fuego “inmediato y completo, sin condiciones”.

El documento condena de manera explícita las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han sido perpetradas tanto por las Fuerzas Armadas de Sudán como por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Entre las transgresiones señaladas, se incluyen los ataques indiscriminados dirigidos contra la población civil, así como los bombardeos aéreos que han resultado en la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura esencial en el país.

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Más allá del llamado a la suspensión de las hostilidades, la resolución establece otras demandas fundamentales. Pide la creación de un mecanismo independiente de vigilancia para supervisar la situación de los derechos humanos, el restablecimiento urgente de los servicios básicos para la población y la extensión por un período de un año del mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos.

Esta información fue reportada inicialmente por Al Jazeera y posteriormente recogida por Sudan Tribune. El Gobierno sudanés, por su parte, instó a los Estados miembros a rechazar la medida, argumentando que el Consejo había ignorado sus reservas y objeciones.

Un conflicto de gran escala y sus devastadoras consecuencias

La guerra en Sudán, que se inició en abril de 2023, ha generado una crisis humanitaria de proporciones significativas. El conflicto ha dejado un saldo de decenas de miles de personas fallecidas y ha provocado el desplazamiento de más de 13 millones de individuos, quienes se han visto forzados a abandonar sus hogares en busca de seguridad. La magnitud de la violencia se evidencia en cifras como las reportadas por Al Jazeera, que indican que solo en los primeros cinco meses de 2026, los ataques con drones habrían causado más de 1.100 fallecidos.

En febrero, la misión de investigación de la ONU presentó sus conclusiones, señalando que la toma de El Fasher por parte de las FAR presentaba “características de genocidio”. Este hallazgo se basó en la documentación de ejecuciones masivas y la privación deliberada de alimentos y medicamentos a la población, acciones que constituyen graves crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho internacional.

Presión sobre la ayuda humanitaria y la crisis alimentaria

La votación en el Consejo de Derechos Humanos coincide con nuevas denuncias relacionadas con las dificultades para el acceso de la ayuda humanitaria. La agencia estatal sudanesa SUNA informó el 4 de octubre sobre un incidente en la localidad de Kutum, en Darfur Norte, donde las FAR interceptaron 44 camiones de un convoy de 60 que había ingresado al país por el paso fronterizo de Al Tina. Este convoy transportaba asistencia vital para la población afectada por el conflicto.

Según la misma fuente, tras tres días de retención, solo 12 de los camiones habrían sido liberados, mientras que 32 permanecían retenidos, supuestamente a la espera del pago de dinero. Un funcionario del gobierno regional de Darfur calificó este hecho como un “crimen de guerra”, subrayando la gravedad de la situación.

Sudan Tribune atribuyó la retención a camiones pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y destacó que la ONU ha condenado reiteradamente los ataques contra los convoyes de ayuda, en un contexto de hambre y desplazamiento crecientes en la región.

Las organizaciones de las Naciones Unidas han emitido advertencias sobre la crítica situación humanitaria, indicando que más del 60 % de la población de Darfur depende de la asistencia humanitaria para su supervivencia. La crisis alimentaria en la región ha superado los niveles de emergencia, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de millones de personas.

Frentes abiertos y el impacto de las resoluciones

En el terreno, los combates persisten en diversas regiones de Sudán, incluyendo Darfur, Kordofan y la región de Nilo Azul. De estas zonas, los civiles continúan huyendo masivamente debido a los ataques de las FAR, según reportes de Sudan Tribune.

Las resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, aunque no son jurídicamente vinculantes en el sentido estricto, tienen un peso significativo en el ámbito internacional. Suelen servir como base para futuras investigaciones y ejercen presión diplomática sobre las partes en conflicto, buscando influir en sus acciones y promover el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué exigió la ONU sobre la situación en Sudán?

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que exige un cese al fuego "inmediato y completo, sin condiciones" en Sudán. También condena las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

¿Por qué es crucial esta resolución para Sudán?

La resolución busca detener una guerra que ha desplazado a más de 13 millones de personas y ha generado una crisis humanitaria masiva. Además, se han documentado ataques indiscriminados contra civiles y posibles crímenes contra la humanidad.

¿Qué otras medidas importantes incluye la resolución de la ONU?

La resolución pide la creación de un mecanismo independiente de vigilancia de derechos humanos, el restablecimiento urgente de servicios básicos y la extensión por un año del mandato de la misión internacional de determinación de los hechos.

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