El Gobierno de Nicaragua autorizó la transferencia de 14 propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante tres acuerdos presidenciales publicados en La Gaceta, Diario Oficial. Los inmuebles, ubicados en los departamentos de Managua, León y Carazo, fueron entregados bajo la figura jurídica de donación.

Los acuerdos presidenciales 97-2026, 98-2026 y 99-2026 fueron firmados el pasado 7 de julio por Daniel Ortega y Rosario Murillo, identificados en los documentos oficiales como copresidentes de Nicaragua. La disposición estableció que la Procuraduría General de Justicia y el presidente del INSS estarían encargados de formalizar las escrituras públicas correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la distribución de los bienes quedó establecida de la siguiente manera: 11 propiedades ubicadas en Managua, dos en León y una en Carazo. Los documentos identificaron los inmuebles mediante sus respectivos Números Absolutos de Propiedad (NAP), aunque no detallaron la ubicación exacta, la extensión, el valor económico o el uso actual de cada uno.

La Presidencia de Nicaragua indicó que la transferencia tenía como objetivo fortalecer la Seguridad Social, ampliar la cobertura para trabajadores y sus familias, y aumentar la capacidad institucional del INSS para desarrollar proyectos.

Como parte del procedimiento administrativo, el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social deberá presentar la aceptación de los bienes ante el consejo directivo de la entidad. Además, la Procuraduría General de Justicia quedó facultada para realizar los trámites notariales, jurídicos, administrativos y registrales necesarios para completar la operación.

Los acuerdos también permitieron incluir cláusulas consideradas necesarias para proteger los intereses del Estado dentro de los contratos de donación. La transferencia de estos inmuebles ocurrió en un contexto de varias denuncias de confiscaciones realizadas por el Estado nicaragüense desde 2018.

Incluso, diversos sectores han señalado que algunas propiedades de opositores, organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación han pasado al control estatal tras procesos de cancelación de personerías jurídicas y medidas contra actores considerados críticos del Gobierno.

Medios independientes nicaragüenses y voces de oposición han reportado que el INSS ha recibido en los últimos años diferentes bienes inmuebles provenientes de instituciones y personas afectadas por estas medidas, aunque los acuerdos recientes no especificaron el origen individual de las propiedades transferidas.

Los documentos oficiales tampoco indicaron cuáles serían los proyectos específicos que se desarrollarían en los terrenos o edificaciones entregadas al Seguro Social, ni la manera en que estos activos contribuirían al funcionamiento financiero de la institución.

La operación se sumó a otras transferencias de bienes estatales realizadas recientemente hacia el INSS. Según reportes de medios independientes, en junio de 2026 se había autorizado otro traslado de propiedades hacia la entidad, dentro de una estrategia que el Gobierno ha presentado como un fortalecimiento patrimonial del sistema de seguridad social.

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