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Estados Unidos adjudicó las primeras concesiones de minería submarina frente a Samoa Americana pese decisión judicial

El Departamento del Interior de EE. UU. subastó 31,5 millones de acres en el Pacífico para minería submarina a la empresa Wetstone U.S. Ventures, ignorando un fallo judicial que declaró ilegal la evaluación ambiental del proyecto.

IFM Noticias
Redacción
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Estados Unidos adjudicó las primeras concesiones de minería submarina frente a Samoa Americana pese decisión judicial
Imagen: IFMERA.

El Departamento del Interior de los Estados Unidos procedió con la subasta de dos extensas áreas del lecho marino en el Pacífico Sur, destinadas a la minería submarina, a pesar de existir un fallo judicial previo que declaraba ilegal la evaluación ambiental del proyecto.

La operación, que marca un hito histórico y polémico en la política extractiva estadounidense, se concretó el jueves involucrando una superficie de 31,5 millones de acres que fueron adjudicados a la empresa Wetstone U.S. Ventures por un valor de 6 millones de dólares.

La Administración de Minerales Marinos (MMA), organismo dependiente del Departamento del Interior, lideró la denominada Pacific Mineral Lease Sale 1. Esta licitación representa la primera vez que el gobierno federal pone a disposición fondos marinos para la extracción comercial de minerales. Aunque inicialmente se reportó que dos empresas se registraron para participar en el proceso, la realidad de la jornada mostró una falta de competencia: solo Wetstone U.S. Ventures, una compañía emergente con sede en Nueva York, presentó ofertas formales.

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La firma neoyorquina logró asegurar las dos áreas en disputa ofreciendo el precio mínimo establecido por el gobierno: 3 millones de dólares por cada bloque, sumando un total de 6 millones de dólares. Estos contratos de arrendamiento tienen una vigencia estipulada de 20 años y abarcan aproximadamente 12,7 millones de hectáreas (31,5 millones de acres) en la plataforma continental exterior de Samoa Americana.

Según las especificaciones técnicas del Gobierno federal, estas zonas de explotación se localizan a una distancia mínima de 50 millas de la costa y se encuentran en una posición geográfica sensible, al colindar con el Monumento Nacional Marino del Atolón Rose.

El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la adjudicación calificándola como un paso fundamental para garantizar la seguridad energética y mineral de la nación. El objetivo estratégico de esta incursión submarina es la recolección de nódulos polimetálicos, formaciones rocosas ricas en níquel, cobalto, manganeso y cobre. Estos materiales son considerados críticos para la transición energética, ya que son componentes esenciales en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y diversas tecnologías de almacenamiento de energía.

El conflicto legal: un fallo que no detuvo la maquinaria federal

La celeridad con la que se realizó la subasta ha generado una fuerte controversia jurídica. Apenas tres días antes de la venta, el lunes 16 de noviembre, un juez federal en Honolulu emitió un dictamen contundente: el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) vulneró la Ley de Especies en Peligro de Extinción al otorgar el aval para la subasta. El tribunal determinó que la revisión ambiental realizada por el organismo fue "limitada, apresurada e informal", ordenando una evaluación mucho más profunda sobre los riesgos potenciales para la fauna marina de la región.

Esta acción legal fue impulsada por la organización Earthjustice, actuando en representación de los grupos locales Fa'asao Amerika Samoa y el Conservation Council of Hawaii. No obstante, la MMA decidió ignorar la orden de paralización implícita en el cuestionamiento judicial y procedió con la licitación. Fuentes oficiales indicaron que la agencia ha iniciado nuevas consultas con el NMFS para intentar subsanar las deficiencias de la evaluación ambiental mientras el proceso administrativo sigue su curso.

El panorama judicial se complica aún más con otras dos demandas activas. Una de ellas proviene del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) en conjunto con el grupo local Finafinau. La otra, de gran peso político y cultural, fue interpuesta por un consejo de jefes tradicionales de las islas Manu'a, quienes cuestionan la autoridad del gobierno federal para subastar aguas que consideran vinculadas a su territorio ancestral.

Es importante recordar que el gobierno local de Samoa Americana ya había prohibido la minería submarina en sus propias aguas territoriales en el año 2024, lo que evidencia una desconexión entre las políticas locales y las ambiciones federales. A pesar de la adjudicación, los contratos firmados con Wetstone U.S. Ventures no otorgan un permiso inmediato para la extracción masiva de minerales.

De acuerdo con la normativa de la MMA, la empresa solo está autorizada para realizar actividades preliminares de bajo impacto, tales como el muestreo de sedimentos y la cartografía del relieve oceánico. Sin embargo, el contrato sí otorga a la compañía el derecho exclusivo para presentar planes futuros de prueba y explotación comercial.

Cualquier avance hacia la fase de extracción deberá superar nuevas y rigurosas revisiones técnicas y ambientales. Además, la agencia federal subrayó que todavía debe completar una revisión final de las ofertas antes de que los contratos adquieran un carácter definitivo. Mientras tanto, el abogado de Earthjustice, Chris Eaton, ha sido enfático al declarar que su organización agotará todas las instancias legales para lograr la anulación total de estos acuerdos, argumentando que el proceso nació viciado por la falta de rigor científico.

Este movimiento de los Estados Unidos ocurre en un contexto internacional de alta tensión. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, vinculada a la ONU, aún no ha logrado establecer un marco regulatorio global para la minería en aguas internacionales. Mientras tanto, decenas de países han alzado su voz para exigir una moratoria o la prohibición total de esta práctica debido a los daños irreversibles que podría causar a los ecosistemas profundos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consistió la histórica subasta realizada por el gobierno de Estados Unidos?

El Departamento del Interior adjudicó 31,5 millones de acres en el Pacífico Sur a la empresa Wetstone U.S. Ventures para la minería submarina de minerales críticos como níquel y cobalto. Es la primera vez que el gobierno federal pone a disposición fondos marinos para la extracción comercial, en una operación valorada en 6 millones de dólares.

¿Por qué la adjudicación de estas concesiones es considerada ilegal por sectores ambientales?

Tres días antes de la subasta, un juez federal dictaminó que la evaluación ambiental del proyecto era ilegal y apresurada, vulnerando la Ley de Especies en Peligro de Extinción. A pesar de este fallo y de la oposición de grupos locales y jefes tradicionales de Samoa Americana, el gobierno decidió proceder con la licitación.

¿Qué actividades tiene permitido realizar la empresa tras ganar la subasta?

Por ahora, Wetstone U.S. Ventures solo puede realizar actividades de bajo impacto como cartografía y muestreo de sedimentos, mas no la extracción masiva inmediata. Sin embargo, el contrato les otorga el derecho exclusivo para presentar planes futuros de explotación comercial una vez superen nuevas revisiones técnicas.

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