EE. UU. ordenó suspensión inmediata de solicitudes de asilo y beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países, incluida Venezuela
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión inmediata de los procesos de inmigración y naturalización para ciudadanos de diecinueve países, entre ellos Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Repúbli
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión inmediata de los procesos de inmigración y naturalización para ciudadanos de diecinueve países, entre ellos Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.
La medida, que tomó por sorpresa a solicitantes y abogados de inmigración, fue comunicada como una decisión temporal mientras la entidad revisa lo que calificó como “criterios de seguridad y verificación adicional”. Según USCIS, la suspensión aplica tanto para solicitudes en curso como para nuevas aplicaciones presentadas desde el anuncio.
Fuentes consultadas señalan que la decisión podría generar retrasos significativos y un impacto humanitario considerable, especialmente en procesos de reunificación familiar y de asilo. Organizaciones defensoras de migrantes en Estados Unidos han manifestado su preocupación por la falta de claridad sobre los plazos de la medida y la ausencia de excepciones explícitas.
USCIS indicó que “se emitirán nuevas directrices en las próximas semanas”, pero no precisó si los casos afectados serán reactivados automáticamente ni qué ocurrirá con las tarifas ya pagadas por los solicitantes. Entre tanto, abogados de inmigración recomiendan a los ciudadanos de los países mencionados abstenerse de presentar trámites adicionales hasta tanto se emitan nuevas instrucciones oficiales.
El anuncio se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, lo que ha intensificado el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y protección de derechos fundamentales para solicitantes de refugio y residencia.

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