Balance. La mayor entrada migratoria en Ceuta dejó decenas de muertos y desató una crisis política en la Unión Europea
La irrupción de unas 60.000 personas desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, la mayor de su historia, se saldó con decenas de fallecidos y precipitó una emergencia europea. España reprochó a sus socios una respuesta "egoísta", mientras varios Estados reforzaron controles fronterizos y la Comisión Europea convocó reuniones extraordinarias.
España afrontó a comienzos de agosto de 2026 la mayor entrada irregular de migrantes registrada en Ceuta, su territorio en el norte de África. Según las autoridades españolas, cerca de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos en pocos días, la mayoría a nado o intentando franquear el espigón fronterizo, en un episodio que dejó decenas de muertos y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios.
El balance de víctimas mortales aumentó a lo largo de la semana. Las cifras oficiales pasaron de 57 fallecidos el 31 de julio a 67 el 1 de agosto y a 72 el 2 de agosto, mientras que responsables españoles llegaron a situar el número en al menos 88 el 3 de agosto. Las autoridades marroquíes ofrecieron un recuento inferior. Buena parte de las muertes se produjo por ahogamiento o por aplastamiento en los intentos de superar el rompeolas junto a la valla.
El Ministerio del Interior español informó de que unas 25.000 personas fueron devueltas a Marruecos en los primeros días. Para el fin de semana, el Gobierno declaró la situación “bajo control”, con el Ejército desplegado en la zona y la instalación de una barrera flotante de unos 500 metros frente a la costa fronteriza.
La magnitud del suceso abrió una fuerte disputa dentro de la Unión Europea. Veintidós jefes de Gobierno vincularon la crisis con el programa de regularización masiva impulsado por el presidente español, Pedro Sánchez, anunciado en enero de 2026 y al que se presentaron más de un millón de solicitudes, al considerarlo un “factor de atracción”. Sánchez, por su parte, criticó lo que definió como una reacción “egoísta, polarizadora e ilegal”c de varios socios comunitarios.
Las tensiones se tradujeron en medidas concretas. Italia, con la primera ministra Giorgia Meloni, suspendió de forma temporal la libre circulación del espacio Schengen con España, mientras que el ministro del Interior francés ordenó controles adicionales en la frontera común. La Comisión Europea convocó una reunión de emergencia para abordar los cruces y coordinar una respuesta conjunta.
El episodio también tuvo eco fuera del continente. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la entrada de “catástrofe” e “invasión”, y el Departamento de Estado atribuyó la crisis a las políticas migratorias del Ejecutivo español. En Ceuta, los equipos de emergencia continuaron las labores de búsqueda, y se hallaron cuerpos a lo largo del litoral en los días posteriores al pico de la avalancha.
La crisis reactivó el debate europeo sobre la gestión de las fronteras exteriores, la cooperación con Marruecos y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, en un contexto de creciente presión política sobre las políticas de asilo y control migratorio en el bloque.
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