En un incomprensible anuncio del ex guerrillero presidente Gustavo Petro, resultó la convocatoria a una asamblea cocalera en el municipio de El Tarra, tras prometer también a la sufrida población de esta región, la construcción de la carretera entre Tibú y Ocaña, la Universidad del Catatumbo y de convertir también a la región en la capital de la paz.
Sin embargo, ¿en qué consiste una asamblea de cocaleros? Acaso se trata de fijar el precio del producto? ¿Cuál es el propósito de reunir actores ilegales? ¿De qué podrían hablar entre sí en una asamblea de cocaleros?
¿Acaso el país está presenciando la creación de un nuevo grupo de presión político por parte del gobierno, tal como ocurre en Bolivia con los indígenas cocaleros, quienes tienen el poder de subir y bajar presidentes?
¿Se trata de otra forma más de reconocimiento político a los actores ilegales, tal como viene ocurriendo con los grupos armados de todo tipo, a quienes se les viene ofreciendo perdón social, tras el pacto de la Picota?
Estas y otras preguntas, no serán contestadas todavía hasta que en la región del Catatumbo no sean implementadas las políticas públicas conducentes a la sustitución efectiva de los cultivos ilícitos, ya que Norte de Santander y en especial la subregión del Catatumbo, ocupan el deshonroso primer puesto mundial de exportación de cocaína.
No obstante, hasta que no exista una economía lo suficientemente desarrollada en Norte de Santander, será imposible que la población no acuda a los cultivos ilícitos para sobrevivir. Mientras tanto, las operaciones de fumigación quedan suspendidas por orden de Petro.
Entonces no se sabe tampoco, en qué consiste la política pública antidrogas del gobierno de Petro, ya que todavía no está disponible ni aprobado el documento del Plan Nacional de Desarrollo, donde se debería incluir la inversión social, lo que cambiará la situación.
Y adicionalmente, en la intervención presidencial, señala el primer mandatario que la exclusión del Estado no permite otro tipo de productos, «por eso he pedido al gobierno de los Estados Unidos cambiar la política de guerra contra las drogas».
Entonces, mientras tanto, ¿para qué es la asamblea de cocaleros? ¿ellos harán las políticas públicas como promueve Petro? o ¿se trata de reconocerlos y de fortalecerlos como grupo de bolsillo del gobierno?
Una petición que parece incoherente y totalmente ambigua, ya que no se entiende entonces, en qué consiste esta política de no perseguir a los actores ilegales, en tal entorno de pobreza y marginación, y a la luz de este anuncio de convocar a una asamblea entre productores de coca: ¿la política consistirá entonces, en reconocer al sector cocalero?
Y aunque Petro no se equivoca en el diagnóstico de la problemática, usualmente sí se equivoca en la solución de la misma, como ya se pudo ver en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
De tal forma, es una tarea pendiente de ambos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de Colombia, que todavía no han explicado los contenidos de la nueva política antidrogas que se viene anunciando.
Adicionalmente, la efectividad de los planteamientos de discursos está en duda, ya que solo consiste en anuncios; y a propósito de sustitución, ni en los Estados Unidos, gobernados por el partido Demócrata, ni en la Colombia del Pacto Histórico, hay una idea clara, de qué es lo que se le puede ofrecer como alternativa al país y al mundo, en temas de drogas. Salvo, dejar de perseguir a los narcos como ya se está viendo.
