Ministerio de Defensa ordena a policías y militares vestir de civil para prevenir ataques armados

El Ministerio de Defensa Nacional ha emitido una directiva dirigida a todo el personal policial y militar que labora en sus instalaciones. A partir de ahora, los uniformados deberán utilizar vestimenta de civil para asistir a su trabajo, con el objetivo de reducir los riesgos de ser blanco de ataques armados en sus desplazamientos, perpetrados por organizaciones criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

La medida se toma como una estrategia preventiva ante la ola de asesinatos de miembros de la Fuerza Pública registrada en las últimas semanas, atribuida al denominado “plan pistola”, una práctica violenta mediante la cual los grupos armados ilegales buscan debilitar a las instituciones del Estado eliminando a sus integrantes. La directiva busca evitar que los criminales aprovechen momentos de vulnerabilidad, como los traslados hacia las residencias o los periodos de descanso, para atacar a los uniformados que portan el uniforme y son fácilmente identificables en la vía pública.

Además de la instrucción de vestir de civil, la disposición contempla otras acciones para salvaguardar la vida de los policías y militares. Entre ellas, se encuentra la autorización para portar el arma de dotación durante todo el tiempo, incluso fuera del horario laboral. También se hace énfasis en la necesidad de fortalecer la colaboración con la ciudadanía para generar alertas tempranas que permitan anticipar posibles acciones criminales y activar mecanismos de reacción oportuna.

Fuentes del sector de defensa explicaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo integral para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales, especialmente en contextos urbanos, donde los ataques han ido en aumento. La estrategia busca también evitar que el plan pistola llegue a Bogotá y garantizar que los uniformados puedan transitar de manera segura, sin exponerse innecesariamente al riesgo que implica la exposición pública del uniforme, símbolo de autoridad y, por ende, objetivo de los violentos.

Con esta directiva, el gobierno refuerza su compromiso de proteger al personal de la fuerza pública mientras continúan las operaciones para debilitar las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la institucionalidad del país. La situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras las autoridades trabajan en la identificación de los responsables y en la adopción de nuevas medidas de seguridad en coordinación con las comunidades afectadas. Al momento ya son más de 30. Los uniformados asesinados en el país.

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