Licencias ambientales represadas podrían pasar de autoridades regionales a la ANLA

La iniciativa fue expuesta por el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, quien señaló que el propósito es reducir los retrasos administrativos y facilitar que las decisiones de las autoridades ambientales se adopten dentro de los tiempos previstos.

De acuerdo con el funcionario, el Ministerio viene revisando mecanismos que permitan mejorar la eficiencia de los procedimientos relacionados con las licencias ambientales. Entre las alternativas consideradas se encuentra establecer una vía para que los proyectos cuyos trámites permanezcan detenidos en una autoridad ambiental regional puedan ser remitidos a la instancia nacional.

Guerrero explicó que las demoras pueden presentarse en distintas fases del procedimiento. Entre ellas mencionó la decisión sobre una solicitud de licencia, la evaluación de información adicional presentada por los interesados o la expedición del auto de inicio del trámite.

La propuesta busca establecer una respuesta cuando una autoridad regional no avance dentro de los tiempos correspondientes. En esos casos, según lo planteado por el viceministro, el proceso podría llegar a la autoridad nacional para que continúe su trámite, siempre dentro de las competencias que establece la normativa ambiental.

El funcionario precisó que el planteamiento todavía se encuentra en análisis. La intención del Gobierno es definir un mecanismo que permita evitar que los procedimientos queden detenidos durante periodos prolongados y, al mismo tiempo, mantener las competencias de las autoridades ambientales encargadas de evaluar y decidir sobre los proyectos.

La eventual participación de la ANLA no significaría que todos los procesos de licenciamiento regional pasarían automáticamente al ámbito nacional. El planteamiento está relacionado con aquellos casos en los que se presenten incumplimientos en los tiempos de trámite y se requiera una alternativa para continuar con el procedimiento.

El Ministerio de Ambiente relaciona esta discusión con la necesidad de mejorar la gestión institucional y avanzar en los procesos que requieren decisiones de las autoridades ambientales. Para la cartera, la reducción de los tiempos administrativos forma parte de las acciones orientadas a facilitar la ejecución de proyectos sin modificar las obligaciones ambientales que deben cumplirse.

La propuesta también se enmarca en las acciones que el Gobierno ha planteado para impulsar la reactivación ecológica del país. En ese contexto, el Ministerio ha señalado la necesidad de fortalecer los procedimientos institucionales para que las decisiones ambientales puedan adoptarse de manera oportuna.

El licenciamiento ambiental constituye un mecanismo mediante el cual las autoridades evalúan los posibles impactos de determinados proyectos, obras o actividades y establecen las condiciones que deben cumplirse para su ejecución. Dependiendo del tipo, magnitud y ubicación de cada iniciativa, la competencia puede corresponder a una autoridad ambiental regional o a la ANLA.

En el caso de los trámites que están bajo responsabilidad de las autoridades regionales, la propuesta busca crear una alternativa frente a eventuales retrasos. El objetivo planteado por el Ministerio es que los procesos no permanezcan indefinidamente sin una decisión debido a demoras en etapas administrativas.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado una fecha para implementar el mecanismo ni ha definido cuáles serían las condiciones específicas para trasladar un expediente desde una autoridad regional hacia la ANLA. Estos aspectos deberán ser establecidos durante la revisión de la propuesta.