El Gobierno Nacional anunció un plan preventivo para enfrentar los posibles impactos del fenómeno de El Niño en el país, esto luego de que las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Ministerio de Ambiente advirtieran sobre una alta probabilidad de consolidación del evento climático durante los próximos meses.

La medida quedó oficializada a través de la Circular 000018-7 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante el cual se establecieron lineamientos obligatorios dirigidos a titulares de proyectos, obras y actividades sujetas a licenciamiento ambiental en el país.

Según el informe técnico presentado por las autoridades ambientales, existe una probabilidad del 96 % de que el fenómeno de El Niño se consolide hacia el último trimestre de este año, alcanzando niveles de intensidad clasificados como “Fuerte” y “Muy Fuerte”. El documento señaló además que desde marzo se identificaron señales de calentamiento sostenido en el océano Pacífico ecuatorial, condición asociada directamente con este fenómeno climático.

De acuerdo con las proyecciones del IDEAM, la transición hacia El Niño podría consolidarse entre junio y agosto de 2026 y mantenerse incluso hasta 2027. Las regiones Caribe, Andina y San Andrés Islas ya registraron temperaturas superiores a los promedios habituales, mientras que otras zonas del país comenzaron a evidenciar impactos relacionados con la disminución de lluvias y el aumento de focos de calor.

Ante este panorama, la ANLA ordenó la revisión inmediata de los instrumentos de manejo y control ambiental implementados por las empresas y proyectos licenciados.

Entre las principales obligaciones establecidas en la circular se encuentra la actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), así como el ajuste de los planes de contingencia para responder a escenarios de sequía moderada, severa y extrema.

La autoridad ambiental fijó como fecha límite el próximo 30 de junio para que los titulares realicen las adecuaciones necesarias y reporten las medidas adoptadas. El objetivo principal, según explicó la entidad, es reducir los riesgos asociados al déficit hídrico, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y las posibles afectaciones sobre ecosistemas estratégicos y comunidades.

Según la circular, las hidroeléctricas deberán comenzar a enviar información operativa cada 15 minutos a partir del 1 de julio, también se exigió activar planes de rescate de fauna íctica en coordinación con comunidades locales.

Dentro de las acciones exigidas se incluyó la actualización de balances hídricos para evaluar la relación entre oferta y demanda de agua bajo condiciones climáticas adversas. Asimismo, se pidió fortalecer estrategias de ahorro, reúso y recirculación del recurso hídrico, y establecer protocolos de vigilancia, alerta y contingencia para responder ante emergencias ambientales.

La circular también ordenó a las empresas evaluar la vulnerabilidad de las fuentes de agua utilizadas en sus operaciones y priorizar el abastecimiento para usos esenciales en caso de restricciones.

En materia de biodiversidad, la ANLA solicitó coordinar acciones con centros especializados de atención de fauna y flora para responder ante posibles afectaciones derivadas del estrés hídrico y los incendios forestales.

Uno de los puntos de mayor atención estuvo relacionado con el riesgo de incendios. La entidad pidió implementar barreras cortafuego en zonas de compensación ambiental y reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o foco de calor detectado en áreas de influencia de los proyectos.

El sector hidroeléctrico recibió requerimientos especiales debido a su alta dependencia de las condiciones climáticas y de disponibilidad hídrica. La ANLA ordenó ajustar las reglas de operación para garantizar caudales mínimos aguas abajo y preservar los servicios ecosistémicos asociados a las cuencas. Además, estableció la obligación de implementar sistemas automáticos de reporte conectados con la infraestructura tecnológica de la entidad.

Según la circular, las hidroeléctricas deberán comenzar a enviar información operativa cada 15 minutos a partir del 1 de julio, también se exigió activar planes de rescate de fauna íctica en coordinación con comunidades locales.

Para sectores como minería, hidrocarburos y generación termoeléctrica, las autoridades ambientales ordenaron reforzar el monitoreo de emisiones atmosféricas y de niveles de agua subterránea. Incluso, la ANLA advirtió que podrían imponerse restricciones sobre captaciones y vertimientos en caso de comprometerse la capacidad de recuperación de los cuerpos de agua.

La entidad anunció además un esquema especial de seguimiento institucional basado en el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), herramienta que permitirá clasificar los proyectos según el nivel de riesgo por sequía. Dependiendo de las condiciones identificadas, podrán emitirse requerimientos adicionales, visitas técnicas o actuaciones administrativas específicas.

En la última parte, la ANLA informó que priorizará las certificaciones ambientales para inversiones relacionadas con sistemas de monitoreo hidrometeorológico.

Entre los incentivos anunciados se incluyeron beneficios tributarios como la exclusión del IVA del 19 % y descuentos de hasta el 25 % en el impuesto de renta para proyectos enfocados en fortalecer la capacidad de prevención y diagnóstico ambiental.

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