¿Expropiación camuflada? (II) Cuidado al decreto del Gobierno Petro sobre declaratoria de desastre nacional

El pasado sábado, el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro emitió el Decreto 0037 del 27 de enero de 2024, el cual declara la «Situación de desastre nacional» en Colombia. Aunque la medida busca hacer frente a los incendios forestales que azotan diversas regiones del país, ha generado preocupación y debate, especialmente por las implicaciones que podría tener en términos de expropiación de tierras.

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El decreto, según sus términos, permite la libre contratación y expropiación de predios, lo cual ha despertado temores entre la población y la oposición política. La inquietud radica en que, bajo el pretexto de atender la emergencia provocada por los incendios, el Gobierno de Petro podría estar buscando una vía camuflada para llevar a cabo expropiaciones de tierras con mayor facilidad.

Uno de los considerandos del decreto es particularmente revelador al respecto. Se lee lo siguiente: «Que de conformidad con el artículo 65 y siguientes de la Ley 1523 de 2012, declarada una situación de desastre, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre, y en tal medida se aplicará un régimen normativo especial que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres, reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad».

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Este fragmento del decreto plantea la posibilidad de que, bajo la declaración de desastre nacional, se puedan aplicar medidas excepcionales que involucren la expropiación de tierras. Esto ha llevado a críticos a señalar que el Gobierno podría estar utilizando la situación de emergencia como un pretexto para avanzar en su agenda política y social, de la que no escapa según algunos las expropiaciones.

El debate se intensifica en torno a la necesidad de equilibrar la atención a la emergencia con la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Mientras algunos defienden la medida como una respuesta necesaria frente a los incendios, otros expresan su preocupación por la posibilidad de un uso indebido de las facultades excepcionales contempladas en el decreto.

La sociedad y la oposición política están atentas a los próximos pasos que tome el Gobierno Petro en este contexto.

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