Medellín: Reorganización y avances en Paz y DDHH, bajo la presión de un conflicto nacional recrudecido

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín avanzó durante el último año en un proceso de reorganización institucional y fortalecimiento de programas de atención a víctimas, en medio de un escenario marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en distintas regiones del país. Así lo afirmó Carlos Alberto Arcila Valencia, quien sostuvo que la dependencia pasó de ser una estructura fragmentada a consolidarse como una entidad con funciones integradas en materia de paz, derechos humanos y atención a víctimas.

En entrevista con IFMNOTICIAS, el funcionario aseguró que uno de los principales retos al inicio de la administración consistió en reorganizar la estructura administrativa, técnica y financiera de la dependencia. Según explicó, los temas relacionados con víctimas y derechos humanos estaban dispersos en distintas áreas del gobierno local, situación que dificultaba la articulación de políticas públicas y el seguimiento de indicadores.

Arcila señaló que la unificación de esos componentes permitió crear una sola Secretaría de Paz y Derechos Humanos con capacidad operativa para asumir procesos que, según dijo, permanecían rezagados desde años anteriores. Entre ellos destacó el cumplimiento de las medidas cautelares relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en Colombia.

De acuerdo con el secretario, la administración municipal reorganizó convenios, contratos y recursos destinados a las excavaciones en el sector de la Comuna 13. Indicó que la Alcaldía asignó más de 9.800 millones de pesos para las labores de búsqueda, monitoreo y operación de maquinaria amarilla, además del acompañamiento a las madres buscadoras que participan en el proceso.

El funcionario afirmó que esas acciones permitieron avanzar en siete hallazgos considerados relevantes dentro de las excavaciones realizadas en La Escombrera; también sostuvo que el caso adquirió visibilidad nacional e internacional, al punto de que instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocieron el respaldo institucional brindado por la administración distrital a las familias de desaparecidos.

La Secretaría también impulsó, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la construcción del segundo mausoleo “Ausencias que se Nombran” en el Cementerio Jardín Universal, según Arcila, ese espacio busca dignificar la memoria de las víctimas cuyos restos han sido recuperados y entregados a sus familias.

Aunque defendió los avances de la dependencia, el secretario reconoció que persisten dificultades para cumplir varias metas planteadas al inicio de la administración y atribuyó parte de esos retrasos al incremento de desplazamientos y afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado en distintas regiones del país.

“El conflicto se ha agudizado y Medellín termina asumiendo buena parte de la atención de las víctimas”, explicó Arcila. Según dijo, la ciudad ha debido ampliar sus capacidades institucionales para responder a la llegada constante de personas desplazadas, líderes sociales amenazados y comunidades indígenas que buscan protección temporal en la capital antioqueña.

El funcionario sostuvo que uno de los principales obstáculos ha sido la falta de respaldo financiero del Gobierno Nacional. Aseguró que la Alcaldía asumió directamente buena parte de los costos relacionados con la búsqueda en La Escombrera y con los programas de atención a víctimas y memoria histórica.

En materia de articulación institucional, Arcila indicó que la Secretaría trabaja de manera coordinada con la Gobernación de Antioquia para atender casos de desplazamiento y riesgo humanitario. Explicó que las autoridades activan rutas de protección junto con entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo para acompañar a líderes sociales y defensores de derechos humanos que llegan a Medellín tras amenazas o hechos de violencia.

También agregó que la ciudad mantiene planes de contingencia para atender la llegada masiva de comunidades indígenas durante temporadas de alta movilidad, como la Feria de las Flores y las festividades de fin de año. Según explicó, esas acciones incluyen coordinación con alcaldías de distintas regiones del departamento para evitar crisis humanitarias y garantizar atención básica a las poblaciones desplazadas.

La entrevista dejó en evidencia que la política de paz y derechos humanos de Medellín enfrenta un escenario complejo: mientras la ciudad fortalece sus mecanismos de atención y memoria, el aumento de la violencia en varias zonas del país continúa presionando la capacidad institucional local.